Al cumplirse un año de los sismos que asolaron varias entidades del país, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado gran falta de coordinación entre las autoridades locales y federales para responder a la emergencia, inconsistencia en la información y el manejo de los recursos, así como resultados ineficientes en las tareas de reconstrucción.

El organismo presidido por Luis Raúl González Pérez realizó un balance de las acciones de los gobiernos locales y de Enrique Peña Nieto en el que concluyó que, entre otras, se han presentado irregularidades en la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para los damnificados; existe manejo diferenciado de las cifras de daños en inmuebles y centros escolares; miles de personas continúan afectadas al no ser reconstruidas aún gran número de escuelas, unidades médicas y viviendas, y varias instancias gubernamentales han negado la información que están obligadas a entregar.

Sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de recursos públicos, la CNDH denunció que ante las quejas de que se entregaron varias tarjetas del Fonden a nombre de una sola persona, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros informó que se otorgó una sola y el resto permanece bajo resguardo en su bóveda.

Sin embargo, cuando la CNDH solicitó tener a la vista esas tarjetas, Bansefi adujo el secreto bancario para evitar el acceso, lo cual es inaceptable tratándose de recursos de apoyo a la población en un asunto de trascendencia nacional.

Tampoco se advierten avances sustantivos en la determinación de las causas reales de los daños a los inmuebles ni respecto del desarrollo de los procedimientos administrativos o jurisdiccionales que deslinden las responsabilidades, si las hubiera.

El organismo nacional llamó la atención en la falta de coincidencia entre los datos en los diferentes órdenes de gobierno. En materia de vivienda, las entidades afectadas detallaron inicialmente que había 209 mil 344 espacios habitacionales dañados, de los cuales 60 mil 366 presentaron daño total y 148 mil 978, parcial; mientras la autoridad federal señaló que 172 mil 26 fueron afectados e incorporados en el esquema de reparación de viviendas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Estas diferencias reflejan una lamentable falta de coordinación entre instituciones para depurar, conocer y conciliar cifras acerca de la dimensión real de lo ocurrido, así como el efecto real de la entrega de los fondos de apoyo a damnificados para cumplir los ofrecimientos de reconstrucción y rehabilitación, además de generar confusión en la sociedad.

En el ámbito educativo, los estados reportaron 16 mil 795 escuelas afectadas, las cuales mil 521 tuvieron daño total y 15 mil 274, parcial. En tanto, el gobierno de Peña Nieto reportó 14 mil 976 planteles educativos afectados, 200 con daño total y 14 mil 776 con parcial.

Llama la atención que mientras los estados calificaron escuelas con daño total, parcial y menores, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa incluyó el concepto de daño severo, lo que provoca que se tengan parámetros diferentes para determinar los efectos sufridos en las escuelas.

La CNDH emitió un enérgico llamado a las autoridades involucradas para que asuman sus responsabilidades y den celeridad a la atención a las víctimas de los sismos.