un año del segundo terremoto histórico de Ciudad de México (ambos, en un 19 de septiembre), los diferentes niveles gubernamentales y de organización social continúan entrampados: la parte institucional (el gobierno federal y los estatales involucrados) sin ofrecer soluciones de fondo, plena de muletillas y simulaciones pero incapaz de atender de verdad los reclamos y necesidades populares; la parte ciudadana, bien organizada o con agrupaciones precarias, sin la capacidad de hacer valer sus demandas.

La desatención real del problema de los damnificados ha sido particularmente manifiesta en la administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, y la de Ciudad de México, originalmente bajo el mando de Miguel Ángel Mancera y, luego (ante el abandono de la responsabilidad de éste, para brincar a una senaduría propuesta por panistas chiapanecos), por el sustituto, José Ramón Amieva, mero encargado de apagar la luz del desastroso sexenio mancerista.

El pleno conocimiento de que no contaban ni contarían con verdadero apoyo de las estructuras gubernamentales llevó a buena parte de la sociedad, particularmente a jóvenes hasta entonces bajo el infundado estigma de indolentes, a convertirse en partícipes heroicos en las tareas que se fueron requiriendo. Ese levantamiento cívico, ante la tragedia del sismo, fue un antecedente del levantamiento electoral que el pasado uno de julio significó un estremecimiento profundo del sistema político tradicional. En ambos casos hubo un rechazo a políticos, autoridades y gobiernos.

La esperanza participativa detonada el pasado 19 de septiembre fue topándose lenta pero inexorablemente con la realidad aplastante del burocratismo, la ineficacia e incluso la apropiación rapaz, por parte de políticos y gobernantes, de los fondos recolectados para la ayuda a los damnificados. La esperanza electoral volcada en urnas el pasado uno de julio va topándose también con las trampas de la macroeconomía, las reglas del mercado y los condicionamientos de los grandes capitales.

Mediante giros expresivos que no siempre han sido suficientemente claros y precisos, López Obrador ha ido abriéndose paso entre esa maraña de intereses. Algunas de sus expresiones han generado amplia polémica, como la consideración de que, como otros, la impugnada secretaria federal, Rosario Robles Berlanga, es un chivo expiatorio.

Aún no se apagaba el fuego de esa discusión y López Obrador ya había producido otros dos momentos polémicos. En uno de ellos denunció que el país está en bancarrota (aunque varios días atrás había declarado, en consonancia con el dicho original de Peña Nieto, que México estaba en condiciones aceptables: hay problemas, es público, es notorio, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad, no hay crisis política. No tenemos una crisis financiera, no nos está pasando lo que está sucediendo en Argentina).

También habló de haber hecho el compromiso, y lo vamos a cumplir, de que vamos a respetar la autonomía del Banco de México, para que haya equilibrios macroeconómicos, que no haya inflación, y que si se dan esos fenómenos no es por culpa del Presidente de la República, sino por circunstancias externas o por mal manejo de la política financiera que haga el Banco de México, no el gobierno de la República.

La declaratoria de bancarrota, luego explicada en un contexto amplio, que incluye lo social y judicial y no sólo lo económico, y el señalamiento anticipado de una presunta culpabilidad del Banco de México, han agudizado las prevenciones del sector empresarial y los grandes capitales respecto de las políticas obradoristas. Ayer, López Obrador volvió a tocar esos temas, insistiendo en la crítica a los medios de comunicación fifís, que, señaló, guardaron silencio durante décadas ante los abusos de los poderes económico y político: La prensa fifí saca de contexto las cosas, sacando las podridas, esa es su postura, porque desde hace mucho tiempo, desde el inicio de México como país independiente han existido dos agrupaciones: liberales y conservadores.

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