Para el próximo gobierno será un gran desafío atender el problema de la desaparición forzada y obtener resultados, señaló Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Debemos tener empatía hacia las nuevas autoridades; tienen un papel tan difícil, que es un desafío dramático.

Durante el tercer coloquio sobre violencia, narcotráfico y salud mental, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), activistas y familiares de desaparecidos cuestionaron la labor de los gobiernos estatales y federal para buscar y localizar personas. Lucía Díaz, del colectivo Solecito de Veracruz, indicó que en los dos años pasados en 156 fosas han recuperado 295 restos de personas de las cuales sólo 15 han sido identificadas.

Las familias son las que principalmente llevan a cabo las investigaciones, ya que el gobierno se limita a simular, ocultar, minimizar, negar, culpabilizar y revictimizar para justificar las desapariciones.

Problema sobrediagnosticado

En la inauguración, el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia, manifestó: Si algo ha hecho el gobierno que está por entrar, es que asumió la responsabilidad, lo que no habían hecho los otros. El problema es que al asumirla no entienden cómo hacerlo y empiezan mal, entregando la cuestión de la justicia y la paz a una Secretaría de Seguridad que hace unos foros intentando diagnosticar el problema, cuando éste está sobrediagnosticado.

A casi cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Cristina Bautista, madre de uno de los estudiantes, expresó que el proceso ha sido muy difícil, ya que tenemos que dejar nuestras casas para exigirle al gobierno que los presente con vida. Prometimos que no nos vamos a rendir hasta encontrarlos.