e acuerdo con datos aportados ayer en conferencia de prensa por organizaciones no gubernamentales y colectivos de familiares de mujeres desaparecidas, 20 por ciento del total nacional de esas desapariciones tiene lugar en el estado de México. Según cifras oficiales federales, esta entidad acumula en la década reciente el mayor número de desapariciones femeninas (mil 790). Significativamente, las mujeres representan 25 por ciento del total de desaparecidos en el país, pero en territorio mexiquense esa proporción se eleva hasta 46 por ciento.

A decir de Alex Guzmán, de la organización IDHEAS (Litigio Estratégico en Derechos Humanos), entre 2015 y 2017 ha habido un incremento de 227 por ciento en las desapariciones de mujeres en los municipios de Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Cuautitlán Izcalli, casi todos ubicados en la zona conurbada de Ciudad de México; 59 por ciento de las desapariciones corresponde a menores de edad, con un rango de concentración mayor entre las edades de 15 a 17 años (31 por ciento). Según IDHEAS, muchas de esas ausencias forzadas son consecuencia de la trata de personas, secuestro y privación ilegal de la libertad, llevados a cabo por grupos de la delincuencia organizada y, en algunos casos, servidores públicos podrían tener vinculación directa o indirecta. En la conferencia, madres de jóvenes desaparecidas coincidieron en señalar las fallas y maltratos de que fueron objeto por parte del Ministerio Público al denunciar los casos respectivos.

La desaparición forzada dista, con mucho, de ser el único peligro que enfrentan las mujeres en el estado de México, entidad que desplazó a Sinaloa y a Veracruz para situarse en primer lugar en número de feminicidios. Tales números son indicativos de un brutal incremento de la violencia de género, pero también de una catástrofe en materia de seguridad pública, de una gravísima disfuncionalidad de las corporaciones policiales y de la ausencia de voluntad política para hacer frente a la criminalidad, a las prácticas de encubrimiento, a la corrupción y a la consiguiente impunidad.

Una complicación adicional es la vecindad geográfica de varios municipios mexiquenses con Ciudad de México y la falta de coordinación entre las autoridades mexiquenses y capitalinas. Debe recordarse que recientemente dos jóvenes universitarias (Nancy Lara, alumna de la UACM, y Miranda Mendoza Flores, quien estudiaba en el CCH Oriente) fueron asesinadas y sus cuerpos hallados en zonas conurbadas del Edomex.

Ayer, en entrevista otorgada a este diario, la jefa de Gobierno electa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, expresó el propósito de convertir a la urbe en una ciudad de derechos y segura, en tanto, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo el viernes pasado que la próxima gobernante capitalina regresará la paz a la ciudad y vamos entre todos a lograr que haya paz en el país.

La consecución de tales propósitos requerirá de una estrecha coordinación entre las autoridades federales y las capitalinas, pero también de una activa colaboración entre ambas y las mexiquenses y, desde luego, de un saneamiento radical de los cuerpos policiales en los estados y en el ámbito nacional. Sin ello, difícilmente podrá reconstruirse la seguridad en la mancha urbana del valle de México.