El violento ataque de grupos de choque contra estudiantes el pasado 3 de septiembre ha dado pie para generar, gracias a la movilización estudiantil, una respuesta organizada y nuevas condiciones de seguridad, equidad de género y democratización en la Universidad Nacional Autónoma de Mé-xico (UNAM).

Imanol Ordorika Sacristán, académico del Seminario de Educación Superior y del Instituto de Investigaciones Económicas de la casa de estudios, analiza en entrevista con La Jornada las posibilidades que se abren a partir de la respuesta de los universitarios, tanto de la UNAM como de otras instituciones de educación superior, frente a las agresiones porriles.

Cúmulo de agravios

Por años, refirió, los agravios de los porros han ido acumulando la indignación de los universitarios, pero no sólo eso, también las condiciones de inseguridad cotidiana, el constante acoso sexual que muchas jóvenes padecen en sus escuelas, la inequidad de género, el autoritarismo de algunos directivos de la UNAM y la falta de instancias para una mayor representación estudiantil.

Para Ordorika Sacristán la actual coyuntura –el 50 aniversario de las movilizaciones estudiantiles de 1968 y la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador con el apoyo electoral de más de 30 millones de mexicanos­– es el escenario perfecto para configurar una serie de cambios que requiere la universidad.

Los porros, explicó, tienen su origen en los años 30 entre universitarios católicos de extrema derecha que conformaron grupos violentos, encabezados por Antonio Caso, para expulsar de la Universidad Nacional a los sectores más afines a la Revolución. Y a lo largo de su historia han servido a intereses del PRI, de la propia Rectoría (particularmente en el rectorado de Guillermo Soberón, 1973-1981), a los gobiernos de otros partidos (en delegaciones de Ciudad de Méxi-co y municipios conurbados del estado de México). El fenómeno no sólo se da en la UNAM y la capital, sino en otras entidades y diversas instituciones educativas.

Afirmó que hoy día estos grupos de choque han dejado de ser convenientes para las autoridades univer-sitarias. Sin embargo, éstas no han tenido la decisión y compromiso a fondo para erradicarlos. Por lo que los porros siguen mantieniendo vín-culos con algunos directivos universitarios, sobre todo de bachilleratos, y autoridades gubernamentales.

Acabar con esos grupos, apuntó, requiere el trabajo coordinado de la UNAM y los gobiernos capitalino y federal. Las autoridades deben responder con la aplicación de la ley frente a todos los delitos que se cometen, y en la casa de estudios hay que hacerlo como los alumnos: con inteligencia, claridad, contundencia, imaginación y organización. Todo ello ha generado el impulso para producir transformaciones en la universidad.

La normalidad indeseada

Lejos de hacer llamados a volver a la normalidad tras la movilización estudiantil de días recientes, el académico instó a aprovechar los tiempos para generar cambios internos. La normalidad para miles en el bachillerato y algunas escuelas periféricas de la UNAM es coexistir con los porros. Es que siga habiendo violencia u hostigamiento sexual en los campus.

Profesionalización de los cuerpos de vigilancia

Contrario a eso, una de las primeras acciones que debe emprender la administración de Enrique Graue, consideró, es mejorar la seguridad, no sólo con la erradicación de los porros, sino en el día a día de los universitarios, para lo cual se requiere la reorganización de los cuerpos de vigilancia mediante su profesionalización y capacitación.

Otros puntos centrales son la equidad de género, la eliminación del acoso sexual contra las universitarias y mejorar las acciones relacionadas con los procesos jurídicos en los que participa la UNAM, es muy sabido que la institución no gana un pleito laboral ni una denuncia penal ni nada.

En el tema de la democratización, enfatizó que se deben abrir los canales para una mayor participación de la comunidad en la elección de directores y hasta del rector, lo que no necesariamente implica una elección por voto directo, pero sí se pueden analizar procesos que han funcionado en otras instituciones educativas, además de que los cuerpos colegiados tengan mayor peso en la toma de decisiones.

Se necesita una discusión a fondo, pero hay que ser extremadamente cuidadosos. Las nuevas mayorías en el Congreso no pueden pretender cambiar la ley orgánica de la universidad. Los cambios deben venir desde dentro. Si es posi-ble democratizar con las normas vigentes, adelante. Si no, democraticemos primero y luego adaptemos la ley.