a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) muchas veces ha sufrido el embate de fuerzas políticas de orden federal y local que han iniciado movimientos de aparente contenido estudiantil, o infiltrado a movimientos genuinos. Fuerzas que también parecen estar detrás del narcomenudo. Algunas veces los autores de esas intromisiones han salido a flote algún tiempo después, otras veces esas fuerzas han podido ocultar sus infames actuaciones.
Hace sólo cinco años hubo un conflicto en la UNAM originado en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Naucalpan. Un trabajador de vigilancia intentó impedir la entrada de un estudiante que llegó en estado inapropiado
(cualquier cosa que eso signifique). Ocurrió el primero de febrero de 2013. Fue la chispa que encendió la seca pradera.
El hecho produjo un enfrentamiento entre estudiantes que defendían al alumno aludido y trabajadores administrativos acompañados de otros estudiantes que buscaban contenerlos. La noche de ese día fue tomada la dirección del plantel. El día 6, supuestos estudiantes tomaron la dirección general del CCH, rompiendo ventanas, puertas, mobiliario y sustrayendo equipos y materiales de trabajo. Como resultado, fueron expulsados seis estudiantes y dos profesores. El 19 de abril, otros supuestos estudiantes se desprendieron de una marcha y después de romper vidrios se metieron al edificio de Rectoría y cometieron ingentes desmanes.
Escribiendo sobre estos hechos, Adolfo Sánchez Rebolledo anotó en estas páginas (25/4/13): “No es la primera vez que una corriente ‘radical’ y lo pongo deliberadamente entre comillas, toma la rectoría de la UNAM para alcanzar sus fines. En 1966, por ejemplo, el grupo dirigente de la sociedad de alumnos de Derecho, encabezado por el hijo del gobernador Sánchez Celis, de Sinaloa, se apoyó en un sector de la izquierda universitaria con el objetivo declarado de poner un alto al autoritarismo del doctor Ignacio Chávez, figura emblemática de la medicina mexicana e internacional que había caído de la gracia del poder presidencial.
“Si en 1966 la fuerza de choque estuvo pagada por el gobernador de Sinaloa, en 1972 Miguel Castro Bustos y Mario Falcón tomaron la Rectoría a la cabeza de un grupo de normalistas que exigían al rector Pablo González Casanova la inscripción en la UNAM… Al final se supo que el cacique guerrerense Rubén Figueroa era uno de los que alimentaban al pequeño grupo lumpenesco arropado por el izquierdismo [universitario].”
En 1999-2000, durante 10 meses un movimiento dañó profundamente a la institución. No hay duda acerca del involucramiento a fondo que el gobierno priísta de Ernesto Zedillo tuvo en un movimiento que nació genuinamente estudiantil, rechazando las cuotas voluntarias que quería implantar la Rectoría de Francisco Barnés. El movimiento pasó de ese rechazo a un pliego de demandas sustancialmente más amplio que, a la larga, fue aceptado por la Rectoría; a pesar de la aceptación, la huelga fue mantenida largos meses por quienes tuvieron entonces propósitos absolutamente ajenos a la UNAM.
El conflicto creado entonces en la institución no interpeló a la vida académica: la demolió, la pulverizó, durante ese interminable periodo. Mostró la fragilidad de una institución que sólo cuenta con medios para gobernar procesos académicos (que siempre son revisables). Aún suponiendo que los móviles que impulsaron a los variados grupos participantes en aquel conflicto, hubieran sido legítimos, no lo fueron sus formas de actuación: no estuvieron referidas a la vida académico-institucional y las normas que la rigen.
El movimiento estudiantil de hoy se origina en un criminal chispazo: los porros que envió ¿quién?, para acallar a los estudiantes del CCH-A y buscar incendiar la seca pradera de las inconformidades de los jóvenes estudiantes. Está a la vista la circunstancia: Morena, una fuerza política nueva, está desplazando a fuerzas del panpriísmo, del poder del Estado.
La conmoción entre los estudiantes surgió de experiencias que ellos viven en los campus; cuiden los estudiantes a su institución de acciones que busquen o vender estabilidad de la UNAM al próximo gobierno, o capturar a la institución: es un espacio codiciable para quienes están siendo desplazados: es una institución desde la cual –si se hicieran de ella– pueden lanzarse obuses de grueso calibre contra el gobierno de Morena. Hoy por hoy más motivos pueden tener los desplazados, si un número indeterminado de ellos puede ser objeto de persecución por la justicia.
Las fuerzas que están siendo desplazadas del poder del Estado, conocen la universidad. Saben cómo opera, saben de sus fortalezas y de sus debilidades. Saben quién es quién, saben a quién pueden manipular. Tienen el poder ya mermado, pero suficiente para buscar unos objetivos que podrían ser alcanzables, por cuanto no dependen de los procesos de transición del poder político en curso.
El movimiento actual de los estudiantes tendrá que guardarse de esos riesgos; aunque es preciso mirar en todas direcciones, que la política hoy es un polvorín.