esde que la izquierda electoral tomó el poder en Ciudad de México (a nombre del Partido de la Revolución Democrática), la realidad política, social y administrativa de la capital del país se ha debatido entre una imbatible vocación progresista mayoritaria y una gestión administrativa y política cargada, en lo general, de oportunismo, corrupción e insuficiencias.

Salvo el tramo ejercido por Andrés Manuel López Obrador (durante el cual tampoco se pudieron abatir los niveles negativos, a causa, entre otros factores, de la necesaria convivencia y negociación con corrientes condicionantes, como la encabezada por los Chuchos), en el resto de las administraciones de izquierda se vivió entre el escaparate de las buenas obras en la superficie (susceptibles, desde luego, de amplia propaganda) y la realidad oscura, densa, del clientelismo electoral, el financiamiento oscuro de campañas y la corrupción institucionalizada. Así estaban las estructuras; así era la realidad; tal era el pragmatismo necesario.

La primera Constitución de Ciudad de México, que entró en vigor ayer, aportará más letras y párrafos al mar de letras y párrafos jurídicos que han inundado a la realidad nacional, sin que cambie el fondo, la sustancia, de la relación entre la ciudadanía y sus gobernantes. Marcelo Ebrard trató de impulsar esa Carta Magna chilanga con Alejandro Rojas Díaz Durán como punta de lanza. Pero el tiempo y las circunstancias no le permitieron quedar como padre de esa ansiada constitucionalidad. Miguel Ángel Mancera pudo haber quedado como el reconocido héroe de este episodio, pero su recuerdo histórico es absolutamente negativo y ahora navega en la intrascendencia práctica desde el Senado al que llegó por la vía del PAN, aunque coordina la chiquibancada de lo que queda del Partido de la Revolución Democrática.

El momento político e histórico es, en ese sentido, de Morena y de López Obrador, cuyo segundo apellido volvió a ser coreado en la instalación de un poder legislativo; antes en San Lázaro, en el ámbito federal; ahora en Donceles, donde el nuevo partido dominante también tiene la mayoría de votos. Mancera ni siquiera estuvo en la sesión, y del PRD, sólo su minoritaria bancada.

Pero, ironías de la realidad política mexicana, es posible que en esta temporada inaugural vaya a ser más importante y trascendente la constitución del poder chilango que la Constitución jurídica, que en realidad nadie solicitó clamorosamente. La fotografía de Donceles muestra el compacto arribo de una clase ejecutiva progresista al mando de la ciudad capital: Martí Batres podría sintetizar ese ciclo, pues fue diputado en la primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dos décadas atrás (1997 a 2000), y ahora preside la mesa directiva del Senado (por cierto, en aquella época era coordinadora de comunicación social de esa asamblea la ex reportera Rosa Icela Rodríguez, ahora secretaria de gobierno de Ciudad de México).

Alejandro Encinas Rodríguez, próximo subsecretario de Gobernación, fue diputado constituyente y uno de los ejes de la negociación y la concreción de lo que hoy es la citada Constitución capitalina. Con tales antecedentes, le correspondió un papel central ayer, en la sesión que hizo pasar a Chilangolandia de una condición estatutaria a una constitucional, con la asamblea legislativa convertida en congreso y los jefes delegacionales en alcaldes.

El jefe político del nuevo Congreso es Jesús Martín del Campo Castañeda, quien fue dirigente en el movimiento estudiantil de 1968, en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y en el PRD premorenista. El nuevo encuadre legislativo capitalino tiene consonancia con el gobierno por instalarse meses más adelante, el que encabezará Claudia Sheinbaum, académica y científica que ha sido firme partícipe en los lances electorales y gubernamentales del obradorismo. Con toda esa nueva constitución política, ¿habrá ahora sí pasos fuertes y firmes para sanear Ciudad de México e ir verdaderamente adelante?

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