El Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), al cual el gobierno federal asignó 8 mil 500 millones de pesos durante el actual sexenio, no logró atajar las causas sociales de violencia y de la delincuencia, tal como se programó al inicio de la administración.

En el sexto Informe de gobierno se establece, por ejemplo, que 67.25 por ciento de la población percibe inseguridad en la calle, igual porcentaje que en 2012, cuando comenzó el actual gobierno.

Para este año la meta es reducir esta percepción de inseguridad en espacios públicos y privados de la comunidad (calle) a 65.3 por ciento de los ciudadanos.

Hace un lustro el Pronapred era el principal proyecto gubernamental para prevención del delito, con enfoque en una acupuntura social que identificara los sitios más conflictivos del país a fin de diseñar una correcta intervención, especialmente en favor de los jóvenes.

Además de los recursos empleados para su diseño, el programa tuvo en 2014 un presupuesto de 2 mil 505 millones de pesos. Para 2015, el monto se incrementó a 2 mil 683 millones de pesos y en 2016 llegó a 2 mil 15 millones. No obstante, en 2017, no recibió recursos bajo el argumento que los programas de prevención ya estaban operando de manera transversal en una decena de dependencias federales.

En 2018, el Pronapred sólo obtuvo 300 millones, los cuales debió repartir en los sitios en los que antes daba más de 2 mil millones.

Ayer se ajustó el monto otorgado a entidades como el estado de México (una de las de mayor incidencia delictiva) que ahora tendrá recursos federales para este fin por 7.2 millones de pesos, repartidos para Toluca y Ecatepec.

El informe señala que fueron aplicadas acciones en 121 demarcaciones prioritarias (incluido igual número de diagnósticos) y con eso se beneficiaron a más de 5 millones de personas.

A su vez, según la incidencia delictiva actual (33.4 homicidios –dolosos y culposos– por cada 100 mil habitantes), según el sexto Informe de gobierno tampoco fue suficiente el aumento de recursos millonarios para el control de confianza a policías o el aumento en el número de agentes federales.

En el primer punto, indica qué hay un bajo nivel de confianza en los grupos policiales a nivel municipal y estatal, pese a que la inversión para capacitación y control de confianza prácticamente se duplicó al pasar de 727 millones de pesos en 2013, a mil 491 en 2018.

En tanto, la Policía Federal tuvo una plantilla de 10 mil 241 efectivos en 2001 y pasó a 37 mil 331 en 2018.

En cuanto a los plagiarios detenidos, el sexto Informe de gobierno detalla que hasta junio pasado había 202 mil 889 indiciados presos, de los cuales casi 80 mil estaban en proceso de juicio y 123 mil ya fueron sentenciados.