l Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) analizó ayer la situación de Nicaragua, conmocionada por una ola de descontento social en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega Saavedra y por la injustificable política represiva de las autoridades que se ha cobrado ya decenas de muertos en ataques de cuerpos parapoliciales adeptos al régimen a las abundantes manifestaciones que se llevan a cabo en las principales ciudades del país centroamericano.

Lejos de despejar el malestar, los violentos excesos del oficialismo han hecho crecer el repudio a Ortega, y la incapacidad de éste para rectificar indica que su gobierno parece encaminarse a un callejón sin salida. Los sectores de la oposición, por su parte, no logran forjar la determinación necesaria para doblegar al régimen. Esta difícil encrucijada es un terreno propicio para la injerencia extranjera, así sea de la ONU, invocada por los adversarios del gobernante.

Ha de reconocerse, sin embargo, que éste se anotó un punto a favor al señalar ayer por conducto de su canciller, Denis Moncada, que la intervención del Consejo de Seguridad carece de justificación, habida cuenta que su gobierno no representa una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, por lo que su inclusión en esta reunión es una clara injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y una violación clara a la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional.

Como se ha señalado en este espacio en diversas ocasiones, el conflicto por el que atraviesa Nicaragua debe ser resuelto por los propios nicaragüenses y que la función de terceros países y de organizaciones internacionales debe limitarse a coadyuvar en eventuales negociaciones a petición de ambos bandos y, de ser necesario, en tareas de asistencia humanitaria.

Esta noción debe ser asumida asimismo por los propios opositores, quienes se arriesgan a sacar el país de la opresión orteguista sólo para colocarlo bajo una tutela extranjera del todo indeseable.