a presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez, llamó a las autoridades de seguridad y procuración de justicia del estado a no hacer comentarios ni proporcionar información que vulnere la dignidad de las víctimas de violencia y de sus familiares.

Ninguna autoridad puede violentar el derecho al debido proceso y a la confiabilidad. Muchos derechos humanos se han vulnerado al hacer declaraciones sin la información pertinente, expresó Olvera Rodríguez.

Olvera se refirió al caso del coordinador de la Unidad Estatal Investigadora de Búsqueda de Personas No Localizadas, Miguel Ángel Guerrero Castro, quien declaró que la joven Viviana de la Cruz, cuyo cuerpo fue localizado por su madre y un grupo de vecinos sin ayuda de la policía en la colonia Las Delicias tercera sección, era consumidora de la droga conocida como cristal.

La muerte de Viviana, según el mismo funcionario, se pudo evitar si su familia hubiera notificado a la policía de la presunta adicción de la joven y sus conflictos (también supuestos por el funcionario) con un narcomenudista apodado El Beto.

La joven y su hija desaparecieron el 21 de agosto. La niña de seis años fue encontrada un día después caminando en el acotamiento del Bulevar 2000 por un conductor de transporte de carga y la imagen de la pequeña se hizo viral en las redes sociales.

La defensora de derechos humanos consideró que la autoridad sólo se puede manifestar sobre un caso cuando ya terminó el proceso y hay sentencia. A su vez, el presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, Fernando Ocegueda Flores, advirtió que ‘‘la política de Estado es distorsionar con palabras el hecho delictivo. Tenemos que crear una ley para prohibir a la autoridad que, sin pruebas fundamentadas, se exprese de cualquier persona muerta o detenida porque todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario’’.

Ante la ola de violencia que ha dejado más de mil 500 muertos este año en Tijuana, cifra que no tiene ninguna otra ciudad del país, las autoridades se han concentrado en desacreditar a los muertos.