Managua. La misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) abandonó ayer Nicaragua por orden del gobierno del presidente Daniel Ortega, lo que deja al país centroamericano en la mira de la comunidad internacional tras cuatro meses de protestas antigubernamentales en las que han muerto al menos 320 personas.

Continuaremos monitoreando la situación y acompañando a las víctimas en su búsqueda de justicia y verdad desde la oficina regional en Panamá. La Oacnudh agradece las muestras de apoyo recibidas en relación con el trabajo desarrollado en Nicaragua, tuiteó la delegación, compuesta por cuatro miembros, poco antes de salir del país.

Guillermo Fernández Maldonado, coordinador de la misión, explicó que el objetivo del grupo es contribuir a la paz y a la seguridad en Nicaragua. Añadió que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analizará el miércoles próximo la situación de esa crisis que comenzó el 18 de abril por una modificación a la ley de seguridad social.

Lo ideal es estar aquí, en el país, porque proyecta en la población mayor cercanía, pero la obtención de información y la capacidad de pronunciarnos sobre los hechos se mantiene. Lo central son las víctimas y sus derechos. Queremos estar concentrados en eso, explicó al dar a conocer la expulsión.

La decisión del gobierno, notificada el pasado jueves, se dio luego de que la Oacnudh publicó –un día antes– un informe que acusa a las autoridades de represión y represalias contra la población durante las protestas, como detenciones arbitrarias, maltratos y vejaciones contra detenidos.

El canciller Denis Moncada argumentó en una carta a la representante para América Central del Alto Comisionado, Marlene Alejos, que la misión sólo podía participar en el retiro de los tranques (bloqueos viales) instalados por manifestantes antigubernamentales, pero como ya han sido removidos su presencia ya no era necesaria.