l Estado debe hacer cumplir las leyes, normar las conciencias es asunto de otras instancias. Siempre será de beneficio público reforzar la construcción de virtudes cívicas, y en esto tiene parte importante el sistema escolar/educativo. Sin embargo, el recurso pedagógico que puede calar más hondo en quienes infringen las normas es que sus acciones no queden impunes.

La impunidad, ominoso legado de los regímenes de PRI y PAN, es un disolvente de la sociedad mexicana que causa graves daños a la ciudadanía y entre ella. Mientras al gobierno le toca cuidar que organizaciones de todo tipo y personas no hagan el mal que tiene consecuencias públicas, instar a realizar el bien es terreno de instituciones que forman conciencia de lo importante que es darse para servir a otros y otras. Debe haber consecuencias legales para quienes vulneran derechos de otros reconocidos en las leyes, pero no puede haber sanciones a quienes rehúsan colaborar en causas altruistas.

El sistema mexicano de procuración de justicia está hecho trizas. Reconstruirlo para que cumpla el cometido plasmado en la Constitución es uno de los mayores retos que enfrentará la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El conjunto legal de un país necesariamente debe tener transformaciones, pero el principal déficit que tiene México no es jurídico, sino el abismo existente entre las leyes vigentes y el cumplimiento de las mismas. Y además con el agravante de que por décadas han sido los gobiernos en turno los que han pervertido el uso del aparato del Estado para horadar en su beneficio el sistema jurídico y judicial.

Ante el desastre que significa el alto nivel de impunidad que campea en México, cuyos principales beneficiados han sido la delincuencia organizada, así como los integrantes de la clase política y empresarial, es ineludible fortalecer aceleradamente el cumplimiento del marco legal por parte de las instancias del Estado encargadas de impartir justicia, o si no justicia, al menos velar por que el derecho a la legalidad no sea una quimera.

AMLO dio a conocer los integrantes de la comisión que redactará su prometida constitución moral. Los encargados deben, me parece, replantearse el nombre del documento. Como no podrá poseer el alcance obligatorio de una constitución o estatuto, de tener buen fin, es decir, llegar a ser escrita, podría llamarse cartilla o ideario. No puede ser constitución porque el pretendido documento no será prohijado por una asamblea constituyente, necesariamente plural, convocada y elegida para la tarea. Tampoco estatuto, porque, como bien observó ayer Luis Hernández Navarro, llamarle así sería una una contradicción, porque, según el diccionario de la RAE, un estatuto es la regla que tiene fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo. Debido a esto y, en consonancia a que todo apunta a que concluirá en puntos declarativos de generalidades ético/morales, los comisionados habrán de abandonar la idea de bautizar como constitución lo que finalmente redacten. Para hacer más viable la convivencia entre gobierno y ciudadanía y entre ciudadano(a)s basta con hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, como dice el juramento, las leyes que de ella emanen.

Ahora el presidente electo quiere cristalizar lo que propuso desde la campaña de 2012. Entonces convocó a la construcción de una república amorosa y delineó sus fundamentos. En su escrito, López Obrador planteó la necesidad de una reconstrucción ética, nacida de convicciones morales abrevadas en muchas fuentes. A varias de éstas se refirió llamándolas reservas morales. La fuente a la que más recurrió en su escrito fue la Cartilla moral, de Alfonso Reyes.

La Cartilla de Reyes fue publicada en 1944. Inicia con una premisa: el ser humano “debe educarse para el bien. Esta educación, y las doctrinas en que ella se inspira constituyen la moral o ética […] Todas las religiones contienen también un cuerpo de preceptos morales, que coinciden en lo esencial. La moral de los pueblos civilizados está toda contenida en el cristianismo […] Podemos figurarnos la moral como una constitución no escrita, cuyos preceptos son de validez universal para todos los pueblos y para todos los hombres. Tales preceptos tienen por objeto asegurar el cumplimiento del bien, encaminando a este fin nuestra conducta”.

El diccionario de la RAE define cartilla como tratado breve y elemental de algún oficio o arte. En este sentido, el de Alfonso Reyes apunta hacia la internalización de principios para hacer posible la civilidad ciudadana. La fuerza de tal documento está en la persuasión, intentar mediante argumentos convencer a los lectores de adoptar determinadas conductas. El México contemporáneo es mucho más diverso que el de Reyes y lo que hace falta, más que una guía moral, es nada más, pero nada menos, hacer cumplir las leyes.