Zacatecas, Zac.

El gobierno de Zacatecas, a través la Secretaría de Economía (SE) estatal, fijó su postura sobre el bloqueo a las obras del gasoducto La Laguna-Aguascalientes, que realizan campesinos del municipio de Fresnillo, quienes aseguraron ser víctimas de abuso por parte de las empresas involucradas en el proyecto: Grupo Desarrollo Infraestructura (GDI), Fermaca, Bienes Raíces y Construcciones SA (Brycsa), Sisim Pipeline y Mex Gas International, filial de Pemex Gas y Petroquímica Básica.

Los ejidatarios de la comunidad de Santiaguillo denunciaron que representantes de las referidas empresas pagaron a cada uno de los 154 miembros del ejido 4 mil 200 pesos por la servidumbre de paso en sus tierras para el gasoducto, durante 30 años, por lo que el pasado 8 de abril cerraron la obra tras percatarse de que fueron engañados.

Al respecto, el gobierno de Zacatecas, que encabeza el priísta Alejandro Tello Cristerna, manifestó este lunes que la constructora ‘‘ha mostrado total disposición de transparentar sus procesos’’.

Carlos Bárcena Pous, secretario de Economía, envió un comunicado de prensa de tres párrafos en el cual aseguró que ‘‘la empresa ha exhibido las firmas de los contratos (sic), así como los estudios de impacto ambiental para poder construir en total apego a la legalidad’’.

Sin embargo, el funcionario estatal no mencionó la reunión del 16 de julio pasado, entre un grupo representativo de los ejidatarios afectados con dos representantes de las compañías privadas: Miguel Pimentel, abogado de la empresa Fermaca, y César Monjaraz Velázquez, coordinador de división y representante de la compañía Brycsa con funcionarios de la SE.