on la novedad –llamémosla así– de que también el próximo gobierno se ha comprometido a impulsar decididamente la ciencia y la tecnología en el país, con el objetivo de alcanzar la soberanía en este renglón y potenciar el desarrollo que, dicho sea de paso, tanta falta le hace a México.

El nuevo compromiso es de Andrés Manuel López Obrador, quien a partir del próximo primero de diciembre despachará como presidente de la República: Vamos a impulsar mucho estas actividades porque es la educación del futuro, y ello nos va a permitir llevar a cabo los cambios que se necesitan en México y el mundo; para eso es muy importante la ciencia, la tecnología, la innovación y la robótica (La Jornada, Fabiola Martínez).

Lo que AMLO anuncia es de gran relevancia, porque a lo largo de los años nuestro país no sólo despreció la posibilidad de convertir a México en una potencia científica y tecnológica, sino que los gobiernos neoliberales prefirieron depender del exterior, en grado sumo y en términos cada vez más onerosos. Y el caso del sector petrolero es un botón de muestra.

El compromiso de López Obrador es prioritario, aunque lamentablemente no es el único en cuando menos los pasados seis sexenios. Desde luego que en este caso queda la esperanza de que el tabasqueño cumpla con lo que ahora ofrece como presidente electo, lo que lo obligaría a elevar la inversión pública en ciencia y tecnología nacional a cuando menos el equivalente a uno por ciento del producto interno bruto (PIB).

Tal oferta y tal proporción no resultan novedosas, porque desde el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando menos, no ha faltado el funcionario de primer nivel (comenzando por el inquilino en turno de Los Pinos) que se comprometa a destinar recursos públicos no menores a uno por ciento del PIB para el fin señalado, pero, como siempre, la oferta nunca ha trascendido el discurso. En el mejor de los casos, la proporción comprometida no pasó de 0.4 por ciento, y descontando.

De hecho, el presupuesto destinado a ciencia y tecnología ha sido recortado una y otra vez, en un sexenio y el siguiente. Con EPN en Los Pinos no ha pasado de representar 0.3 por ciento del PIB, cuando el anuncio original fue sobrepasar el uno por ciento, que a precios actuales equivaldría a cerca de 200 mil millones de pesos.

En el recuento, de Miguel de la Madrid a EPN, todos los inquilinos de Los Pinos prometieron destinar dicha proporción a ciencia y tecnología por tratarse de una prioridad nacional. Pero ésta nunca ha sido atendida. De hecho, con Fox y Calderón una parte importante del presupuesto público respectivo se canalizó a grandes empresas nacionales (Bimbo, Televisa, etcétera) y a trasnacionales (las automotrices en primer lugar) para el desarrollo de sus inventos, para luego patentizarlos sin crédito alguno al Estado mexicano.

Y los seis gobiernos neoliberales no sólo incumplieron el compromiso, sino que abiertamente violaron la Ley de Ciencia y Tecnología, que en su artículo 9 bis obliga a que el monto anual que el Estado destine a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico deberá ser tal que el gasto nacional en este renglón no podrá ser menor a uno por ciento del PIB mediante los apoyos, mecanismos e instrumentos previstos en dicha legislación.

Toca el turno a López Obrador, con la esperanza de que cumpla, pero ¿de dónde saldrán 200 mil millones de pesos?

Las rebanadas del pastel

De la lectoría y los miserables salarios a profesores universitarios: Soy una víctima más del mismo robo. Trabajo en el Instituto Tecnológico de Puebla y me pagan 89 pesos la hora; tengo maestría, pero lo mismo te dan con doctorado. Ánimo en esta ardua profesión. Claro, tiene sus recompensas como el agradecimiento de los alumnos y la seguridad de que uno contribuye con algo a la formación de futuras generaciones de mexicanos. (Roberto García, [email protected]).

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