or primera vez en muchos años habrá en México un ­poder legítimo que no requiere de algún artilugio mediático para legitimarse; el Poder Ejecutivo que a partir del primero de diciembre ejercerá el licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuenta con los suficientes votos para no tener que demostrar en ejercicio, como lo tuvo que intentar Salinas en su momento, que es un presidente legítimo. Lo mismo sucede con el resto de los representantes populares que llegan a las cámaras federales del Poder Legislativo, a los gobiernos y congresos estatales y a los demás niveles y cargos del poder en todo el país. Salvo el estado de Puebla que se encuentra en entredicho y algunos acomodos tramposos que pretenden imponer autoridades electorales locales, para reducir el número de legisladores de Morena, en todos los demás casos, las cosas marchan sin objeciones ni dudas graves.

A pesar de ello, los tradicionales enemigos del cambio, los conservadores, los que han medrado con el sistema que concluye, no se resignan a una sociedad más justa que parece estar a la vista y al alcance de la mano; muchos de ellos, durante la campaña utilizaron influencia y recursos para poner obstáculos y trabas a la candidatura hoy triunfadora, pretendieron ridiculizar o descalificar propuestas y personas, se dedicaron a criticar obras y políticas novedosas anunciadas por el ahora presidente electo; no consiguieron ­detenerlo, no pudieron modificar el apoyo popular con el que contó y triunfó. Ahora parece que se resignan, sin embargo, si bien el poder del presidente electo cuenta con legitimación y ­autoridad moral, ellos también tienen poder, de otra ­naturaleza y nada despreciable.

Existen, como se ha reconocido de Max Weber hasta nuestros días, al lado del poder formal surgido del proceso democrático, poderes de hecho, ­conocidos como poderes fácticos; son fuerzas que están integradas a la comunidad nacional, están dentro del Estado, pero con frecuencia, compitiendo con él; han crecido tanto que son ya poderes trasnacionales, actúan desde dentro y desde fuera; estas fuerzas a veces superan, doblegan o condicionan al poder legítimo. ¿Cuáles son? En una época ya pasada la Iglesia fue un factor real de poder; aún tiene autoridad en sectores muy amplios de la población; el Ejército, en general, las fuerzas armadas; los tra­bajadores organizados, y los grupos políticos han sido tradicionalmente considerados como poderes fácticos, con su doble papel, dentro del Estado, for­mando parte de él, pero con frecuencia disputándole poder y ­legitimidad.

En nuestros días las bandas de delincuentes organizados y armados constituyen un factor real de poder al margen de la ley y al cual deberá enfrentarse el gobierno a punto de instalarse; también son poderes de hecho que en épocas recientes han crecido, pero ese es otro capítulo. Hoy nos interesan poderes fácticos de naturaleza distinta: los grupos que compiten entre sí en el mundo de los negocios y también se apoyan, porque tienen puntos de vista similares e intereses convergentes; se trata de los dueños del dinero, los empresarios y banqueros, que se plantan frente al Estado para conseguir reglas del juego que los favorezcan.

En épocas pasadas se llamaba a las comunidades sin poder político, gru­pos intermedios. Están entre los individuos aislados y el Estado; se ocupan de re­solver necesidades específicas, de carácter familiar, educativo, económico, de recreación y otras. Hoy se ha generalizado para designarlos en su conjunto, el término sociedad civil y de un tiempo a esta parte, uno de esos sectores ha crecido en presencia y poder y pretende arrogarse la representación de todos. Se llaman a sí mismos con esa denominación, sociedad civil, y se olvidan de que son solamente una parte de ésta.

El nuevo gobierno tendrá que escucharlos a todos; sin duda, se les debe reconocer, tanto a sus integrantes en lo individual como a sus organizaciones; tienen el derecho de opinar y de proponer, de participar. Lo que no es posible aceptar es que se erijan en la voz de toda la comunidad nacional organizada o no. Su derecho de agruparse para defender intereses comunes o para manifestarse frente a la autoridad es indiscutible; sólo que no puede aceptarse que se consideren los representantes de todos los sectores de la sociedad. Defienden legítimamente sus intereses particulares, pero éstos no deben estar en ningún momento por encima de los intereses colectivos. Por ningún motivo el bien particular puede prevalecer sobre el bien común, como a veces lo pretenden.

A ese reto, a ese obstáculo, tendrá que enfrentarse con prudencia y dentro de la ley el nuevo gobierno, del cual el pueblo espera tanto. Los que parecen conformes con el triunfo, pero no lo están, no descansan en su intento de minar al nuevo gobierno encabezado por quien antes consideraron un peligro para México. Deben recordar uno de los lemas, que no los excluye, sólo los pone en su lugar, Por el bien de México, primero los pobres.

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