a convocatoria propuesta por el gobierno federal electo para que opinemos sobre la solución al problema de violencia y criminalidad que nos agobia, obliga a intentar reflexionar en el tema. Más de 37 mil desaparecidos y 200 mil homicidios en tan sólo 10 años, son razones suficientes para ello.

El próximo arribo de un gobierno al que la población ha otorgado su confianza y que es calificado como decente, es un aliciente para impulsar la participación. Iniciar la consulta con las víctimas fue un acierto. También ajustar debidamente el lenguaje para evitar malos entendidos y juegos de palabras. En lugar de amnistía, perdón y olvido conviene hablar de pacificación y es conveniente intercambiar ideas con especialistas en el tema. José Luis Silva investigador del ITAM y el magistrado Francesco Forgione nos ilustran en el diseño de algunas propuestas.

Tres exigencias fundamentales son necesarias para abordar este tema: En primer lugar llevar a cabo una política de prevención por la vía de la educación, el empleo bien remunerado y la salud, para construir un tejido social que genere condiciones para lograr el respeto a la legalidad, haciendo énfasis en no descuidar las zonas rurales.

La segunda condición es contar con un Estado fuerte que sustente un sistema de justicia eficaz, lo cual no se limita a emitir normas jurídicas o designar jueces idóneos sino también contar con policías honrados que respeten los protocolos establecidos y que cuenten con datos de inteligencia e investigación de alto nivel. Es fundamental que mantengan permanentemente su colaboración con la fiscalía y la judicatura. Una adecuada reinserción social y la despenalización paulatina de drogas blandas, como la mariguana, son renglones que deben considerarse.

Un tercer nivel está relacionado con la participación de la sociedad que conoce mejor que la policía el modus operandi de los delincuentes. La gente sabe dónde viven, con quien se relacionan. Es difícil ser un fantasma, es común escuchar “aquí vive un narco”, aquél lava dinero, nunca ha trabajado y vive como millonario, sus hijos presumen y traen escolta, este fiscal es un corrupto. Esta vigilancia ciudadana requiere sin duda de mecanismos seguros para formular sus denuncias, incluso anónimas. Obviamente con la complicidad actual de policías y criminales y la convicción de que la impunidad siempre triunfa, hay pocos incentivos para asumir esta tarea cívica.

Francesco Forgione quien fuera presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia en Italia, señala en relación al plan de pacificación anunciado por AMLO, que es indispensable romper la falsa política de la mano dura, lo que se necesita es golpear el consenso social que tienen los delincuentes en su propio territorio. Plantea además como elemento necesario la implementación de políticas públicas de trabajo, la afirmación de derechos sociales, salud y escuela universal, también la formación de aparatos de investigación que junto con la policía y la fiscalía puedan desmembrar el poder económico del crimen, incluyendo el proceso de lavado de dinero que se invierte en la economía legal. De aquí nace una frase que expresó en un viaje anterior la mafia es un fenómeno de las clases dirigentes.

Forgione arriba hoy a México acompañado de Guissepe Creazzo, procurador de Florencia, uno de los máximos expertos en incautación de bienes de la criminalidad organizada y su uso social. Asisten en el contexto de las actividades de la Alta Escuela para la Justicia con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Son variadas las propuestas que sugiere Forgione en una lógica de integralidad. Algunas de ellas de fácil instrumentación y de excelente impacto, como la consistente en que el patrimonio incautado a los delincuentes sea dedicado a proyectos con fines sociales aplicado en las propias regiones en donde se incautó el patrimonio, con especial énfasis en favor de jóvenes organizados.

En este contexto, según Forgione la propuesta de pacificación de AMLO abre una nueva posibilidad porque se construye con la convicción de que el combate al crimen organizado no es solamente una lucha penal represiva o judicial. Es una pelea entre distintos modelos de sociedad, de economía, de transparencia en las instituciones y de política. Distinto concepto de ciudad.

Por lo pronto, atendiendo al consejo de varios expertos en el tema, convendría considerar en nuestro país un conjunto de leyes a manera de justicia transicional, que pueda crear en la ciudadanía la convicción de que se trata de medidas temporales para lograr esquemas de colaboración. Por ejemplo, impulsar a cambio de información, el otorgamiento de penas reducidas y la reinserción de jóvenes en otros esquemas de vida. Se sugiere también la implementación de programas piloto con alta inversión social, en aquellos municipios críticos que permitan probar la estrategia a seguir, distinguiendo al crimen organizado de la delincuencia común.

Lo que está claro es que no es un tema sólo de policías y ladrones.