Chihuahua, Chih.

El gobierno estatal de Javier Corral canceló la intermediación con la empresa TransCanadá que había prometido a rarámuris del ejido Laguna, municipio de Bocoyna, para buscar un acuerdo que los beneficie por la construcción del gasoducto Encino-Topolobampo en terrenos comunales.

Además, personal de seguridad impidió a los indígenas que desde el martes pasado protestan en la capital del estado, ingresar al palacio de gobierno para solicitar audiencia con el mandatario panista.

Cerca de 50 miembros de esa etnia bloquearon ayer por la mañana las calles Aldama y Carranza, frente al inmueble oficial, para exigir a las autoridades estatales castigar a los policías que los desalojaron con violencia de una válvula del gasoducto Encino-Topolobampo ubicada en terrenos ejidales.

La madrugada del 11 de agosto, al menos 15 patrullas de la Policía Estatal liberaron una brecha que conduce al gasoducto y atraviesa el ejido Laguna, donde los rarámuris protestaban para llamar la atención de TransCanadá y las autoridades.

Funcionarios del gobierno estatal y Carla Gutiérrez Islas, visitadora de derechos humanos que verificó el desalojo, negaron que los uniformadso hayan cometido abusos.

Sin embargo, los indígenas presentaron 13 certificados médicos que comprueban las lesiones que sufrieron algunos de ellos y fotografías de los agentes empuñando sus armas contra los rarámuris.

Este viernes los indígenas protestaron, llevando consigo plantas de maíz e intentaron ingresar al palacio de gobierno, donde el gobernador Corral Jurado encabezaba un acto en el que habló de la solidaridad y un gobierno comprometido con las causas sociales, pero guardias de seguridad los replegaron y cerraron las puertas.

Después de manifestarse en la fiscalía estatal, Congreso y Comisión Estatal de Derechos Humanos en días anteriores, autoridades estatales habían ofrecido a los rarámuris una reunión con la empresa TransCanadá a realizarse la tarde de este viernes; no obstante, la cancelaron e impidieron que los indígenas ingresaran al palacio de gobierno para solicitar audiencia con Corral.

El grupo de rarámuris, entre ellos muchas mujeres y ancianos, permanecieron afuera del inmueble oficial, vigilados por policías, mientras Corral y la alcaldesa panista de Chihuahua, María Eugenia Campos, presidían un acto de entrega de escrituras.

En su discurso, Campos leyó palabras de Luis H. Álvarez, uno de los líderes históricos del PAN, y dijo que la política debe ser servicio y encuentro con los que más necesitan, trabajo por el bien común.

Al término del acto, en el que se negó el acceso a los comuneros, Corral evitó responder cuestionamientos de los reporteros y se encerró en su despacho, sin atender a los indígenas.

La comunidad rarámuri exige la intervención de las autoridades estatales ante la empresa TransCanadá para negociar un acuerdo de reparación que los beneficie y anular una consulta ilegal que comisarios ejidales avalaron para permitir la instalación del gasoducto, entregando a cada indígena 9 mil pesos mientras en comunidades aledañas se pagó hasta 300 mil pesos a cada propietario.

Los rarámuris levantaron el plantón que mantenían en Plaza Hidalgo y partieron de regreso a su comunidad. Anunciaron que recurrirán a la Procuraduría Agraria e instancias federales para buscar la anulación del derecho de paso para la empresa.

Demandaron que el panista Javier Corral deje de proteger intereses empresariales al enviar policías para reprimirlos. Denunciaron que Joel Gallegos, funcionario de la Secretaría de Gobierno, los amenazó con usar la fuerza pública para retirarlos, por ello optaron por retornar a su terruño.