e la reunión con la cúpula empresarial de Monterrey, el Presidente electo de los mexicanos obtuvo un ofrecimiento extraño pero no inusual de parte del sector privado del estado: servir de enlace entre el gobierno de Nuevo León y el gobierno federal presidido por él.

Desde luego es irrelevante para el análisis el bagaje ciudadano y moral con el cual hicieron ese ofrecimiento. No cabe tomar en cuenta que esos empresarios hayan estado –desde la campaña electoral de 2006– en contra de López Obrador, como candidato a la Presidencia de la República. Y no sólo porque su opción política haya sido, durante décadas, el PRI o el PAN, sino porque siempre han atacado cualquier posible política que toque, así sea levemente, sus privilegios y sinecuras.

Artífices del rumor, como se vio desde la presidencia de Luis Echeverría, en los dos episodios electorales anteriores, y hasta el más reciente, le pusieron turbosina a la identificación de populismo con peligro y sus agregados: venezolanización, socialismo, lulización. Fueron promotores de las tesis que, desde el imperio capitalista, los detentadores de oligopolios y monopolios inocularon al cuerpo social por conducto de sus poderosos medios de comunicación, de los intelectuales a su servicio (Hayek, Fukuyama, Friedman, y sus epígonos en territorio metropolitano y en los países que han ayudado a recolonizar), de sus universidades y sus réplicas mexicanas, y de sus industrias y tiendas trasnacionales que marginaron y aún desaparecieron en buena medida al comercio nacional en todos los niveles.

Precursores del libre mercado y de aquello de más sociedad y menos Estado, su estrategia condujo a la transferencia de la riqueza administrada (mal, según su opinión) por el sector público del Estado al sector privado del mismo, que la ha administrado (muy bien) en beneficio propio. Lema suyo ha sido la creación de fuentes de trabajo. Creación presentada como un favor, la antigua clase política, que no tiene otra noción para crear esas fuentes que la inversión privada –nacional o extranjera– y la deuda pública, le ha dado validez social voceando machaconamente el tema.

Como señal de que están dispuestos a acompañar el cambio político encabezado por Morena y López Obrador, esos empresarios podrían plantearle a su gobierno y a la sociedad qué políticas públicas están dispuestos a apoyar en materia fiscal, de mejoría de la calidad de vida de trabajadores, individuos vulnerables, mujeres, jóvenes; igualmente en cuestiones de alimentación, salud, educación, industrialización, cultura, ambiente.

Hay también una razón que sirve a su lógica para ofrecerse de enlace entre el gobierno del estado y el que presidirá López Obrador. En la reunión de gobernadores con AMLO no se hizo presente el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Y al ofrecimiento empresarial, el mandatario respondió que su gobierno no necesitaba de tal enlace. Para eso estaba él.

Parece haber una contradicción. Es aparente. No ha habido ningún gobernador de Nuevo León que haya prescindido del apoyo de los grandes empresarios. Rodríguez Calderón ha llegado al extremo de convertir a una entidad privada en el centro neurálgico de su gestión. Se trata del Consejo Nuevo León, que se define como órgano transexenal, apartidista, consultivo y propositivo del estado en materia de planeación estratégica y su evaluación. De hecho, un gobierno paralelo dependiente, en lo fundamental, de la controladora Femsa (cerveza, refrescos de cola y otros, tiendas de conveniencia, gasolinerías, futbol profesional y otros giros). Su presidente ejecutivo, José Antonio Fernández Carbajal, tampoco estuvo presente en la reunión de los empresarios con AMLO.

Aunque los grandes empresarios de Monterrey se mantienen cohesionados para ciertos efectos, su dispersión y menor incidencia política como grupo son evidentes. El oligopolio que ha podido tener mayor capacidad política en el gobierno actual es, ya se ve, el que dirige Antonio Fernández Carbajal. Su mayor autonomía respecto del sector público lo convierte en el sector privado con mayor aptitud para cubrir los dos hemisferios del estado. Son novedades que quedan emplazadas para la teoría y la política práctica.