n la tarde del mismo miércoles en que Andrés Manuel López Obrador había anunciado, por la mañana, su decisión de procurar que los periodistas Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó vuelvan a tener programas en la radio comercial, la famosa actriz Verónica Castro levantó la mano, por la vía tuitera, y con tres palabras alargó la extensión posible de las decisiones políticas contra el veto y el autoritarismo en ciertos medios de comunicación, sobre todo los electrónicos: ¿Y yo qué? Verónica Castro, como es sabido, sufrió la condena al ostracismo en Televisa, como ha sucedido con otros artistas y personajes que en su momento entraron o fueron llevados a terrenos de conflicto con la poderosa televisora que establecía relaciones contractuales o factuales de exclusividad con sus estrellas. En mayo de 2017, bajo la firma de Mayra Mangal, la revista People en español (derivada de la publicación en inglés, fundada por la estadunidense Time) publicó una relación de Famosos que fueron vetados por Televisa, en la cual se incluyó a Luis Miguel, Juan Gabriel, Laura Flores, Eugenio Derbez, Lucero, Lucía Méndez, Humberto Zurita, Laura Zapata, Kate del Castillo, Héctor Suárez, Kalimba y la misma Verónica Castro (https://goo.gl/Us7Rxh).

Los vetos y las exclusiones no son un asunto que quede en los veleidosos vericuetos de la farándula. Forman parte del autoritarismo característico de las décadas de un sistema que fue llamado a imperioso cambio el pasado uno de julio. En casi todos los ámbitos de la vida nacional se han impuesto las decisiones arbitrarias de jefes que han inhibido o cancelado las posibilidades de desarrollo de muchos mexicanos.

En ese sentido es interesante el controversial anuncio de López Obrador, al constituirse como procurador oficioso de avenimientos entre partes en litigio y buscador de reinstalaciones laborales radiofónicas. El poder presidencial (o cuasipresidencial, pues AMLO entra en funciones el próximo uno de diciembre) ha servido para causar mal y, ahora, podría ser utilizado para causar el bien. El anuncio hecho por el tabasqueño en Telerreportaje, el programa radiofónico que se difunde desde Villahermosa, generó de inmediato una sensación positiva entre los muchos mexicanos que desean el retorno de Aristegui, en particular, y de Gutiérrez Vivó.

Aristegui, como es sabido, sufrió un golpe laboral que puso freno a una creciente tarea periodística de crítica y denuncia que había tenido su punto más alto en la revelación de los entretelones de la adquisición de la famosa Casa Blanca, con Angélica Rivera en el centro del escándalo (esposa de Peña Nieto, pareja de escenografía cada vez menos frecuente, conforme se acerca el fin del plazo sexenal). Caracterizada como una persecución política, por encargo o para congraciarse con poderosos ánimos revanchistas, la salida de MVS de Aristegui y su equipo causó una pausa en ese trabajo periodístico, que luego fue rencauzado a través de las redes sociales, en el portal Aristegui on line.

Ya especificarán los dos periodistas, Aristegui y Gutiérrez Vivó, su anuencia o su distancia respecto a la disposición componedora de López Obrador. De entrada, junto al júbilo de un segmento social por la apertura de posibilidades del retorno de ellos a la radio (de Gutiérrez Vivó, desde hace semanas se habla de la posibilidad de que se integre al Instituto Mexicano de la Radio), hay también quienes consideran impropio que el poder presidencial intervenga en relaciones entre particulares y trate de influir en aspectos de contrataciones y similares.

Un aspecto importante del anuncio obradorista y de la reacción de personajes como Verónica Castro (que ha retomado presencia en la pantalla de Netflix, con La casa de las flores, serie en la que destaca, al igual que Cecilia Suárez y su peculiar tono de voz actuada) es justamente el de poner sobre la mesa la necesidad de que los medios de comunicación se abran a nuevas voces y expresiones y, también, que levanten vetos y prohibiciones que no deben caber en nuevos tiempos.

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