on la declaratoria como presidente electo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se ha iniciado de manera formal el proceso de transición entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el que encabezará el tabasqueño a partir del primero de diciembre. En el caso del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), las piezas principales de este tránsito ya están a la vista, aunque quedan algunos aspectos aún nebulosos.
La semana pasada se realizó en Ciudad de México un acto donde se expusieron los logros del Conacyt durante el sexenio que está por concluir. En la sesión inaugural, el director general de este organismo, Enrique Cabrero Mendoza, enumeró las líneas de acción emprendidas en su administración, que formarán parte del proceso de entrega-recepción con la próxima dirección para la que ha sido propuesta María Elena Álvarez-Buylla Roces.
Las líneas generales expuestas por Cabrero incluyen las acciones realizadas para fortalecer el gasto en ciencia, tecnología e innovación (CTI); para formar y fortalecer el capital humano calificado; impulsar el desarrollo regional; fomentar la vinculación con el sector productivo, así como para fortalecer la infraestructura científica y tecnológica.
La administración de Cabrero tuvo aspectos muy positivos. Se demostró la importancia de tener al frente de este organismo a investigadores de primer nivel. El ex director del Centro de Investigación y Docencia Económicas tuvo que moverse entre políticos con los que no necesariamente guardaba afinidad ideológica o política y tuvo que comer sapos
privilegiando siempre un criterio en favor de la ciencia. Introdujo innovaciones como la creación de plazas para jóvenes investigadores o los consorcios de investigación (que reúnen a varios centros científicos para la solución de problemas) y reconoció la importancia de la divulgación científica. Su análisis lo llevó a considerar que México podría dar el salto en estas áreas si se cumplen dos condiciones: una participación amplia del sector privado y la autonomía del Conacyt respecto de los periodos sexenales. La primera se expresó en los programas de estímulos fiscales y en la innovación en las empresas; la segunda, en una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que enfrentó obstáculos y no pudo concretarse en la actual legislatura.
A la futura administración del Conacyt corresponde recibir y analizar los programas emprendidos por Cabrero, continuar con los que considere útiles, modificar algunos, eliminar otros y diseñar nuevas acciones. Algunas de las políticas que emprenderá Elena Álvarez-Buylla ya están a la vista desde ahora, pues dependen de decisiones anunciadas por AMLO o su equipo más cercano; como el propósito de alcanzar en materia presupuestaria uno por ciento del producto interno bruto para CTI. Otro tema es la mudanza del Conacyt a La Paz, Baja California Sur, que ha despertado entusiasmo en esa localidad –aunque ya han alzado la mano otras plazas que tienen mucho interés en recibir a este Consejo, como Zapopan, en Jalisco–, además de una amplia gama de medidas de austeridad.
Otro tema es el que se deriva del anuncio de que no habrá estímulos fiscales, realizado por el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, lo que equivaldría a eliminar uno de los programas clave de fomento a la participación del sector privado en CTI.
Hay otras acciones que seguramente la nueva administración pondrá en marcha, como las que se asocian con el rechazo de AMLO a los fideicomisos, tema complejo, pues buena parte de los fondos con que opera del Conacyt se basan en esta modalidad, lo cual requerirá de reformas de la próxima legislatura.
Pero además de lo anterior, en la conducción de este proceso de transición habrán de expresarse las ideas y convicciones propias de Elena Álvarez-Buylla. Después de un incidente por la difusión de un programa preliminar que recibió numerosas críticas, la futura directora del Conacyt ha precisado algunos elementos de su programa, entre ellos la realización de reuniones de deliberación con diferentes actores que incluyen, por supuesto, a la comunidad científica, y el reconocimiento de la importancia de las ciencias sociales y las humanidades, que fueron algunos de los temas objeto de las críticas.
Un elemento muy poco claro todavía (al menos para mí) es la contraposición entre lo que Elena Álvarez-Buylla define como concepción neoliberal de la ciencia que provoca daños ambientales y sociales (como si esto fuera la generalidad en la ciencia de México) y otra visión basada en el conocimiento comunitario (especialmente inspirado en la agricultura tradicional). Aquí cabría preguntarse si lo que ocurre en un campo particular del conocimiento en el que existe un debate, como el de los organismos genéticamente modificados, y la filosofía que podría derivarse de ello, pueden trasladarse, sin más, a un territorio tan vasto como el que ocupan el resto de las ciencias.
