En el seno del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) existen diversos mecanismos legales que permiten que algunas faltas administrativas relevantes –entre ellas el cohecho o el enriquecimiento oculto– puedan ser consideradas como no graves o incluso reclasificadas con penas más bajas, lo cual abona a la impunidad.

Así lo afirmó Lizbeth Padilla Sanabria, profesora-investigadora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien consideró que para evitar este fenómeno, el país debe adoptar la figura de los llamados oficiales de cumplimiento, para tener una mirada externa e independiente sobre estos temas.

En entrevista, la académica detalló que el actual esquema del SNA permite que una falta se recalifique como no grave, a pesar de que haya una investigación del órgano interno de control de la secretaría u organismo gubernamental que dio cuenta de la irregularidad. Los encargados de tomar esa decisión son los tribunales de justicia administrativa, tanto federales como locales.

De igual manera, existe la figura de la reclasificación; es decir, que el tribunal decida cambiar la falta denunciada por otra, generalmente menos penalizada. De esta forma, lo que se pudo haber denunciado en un principio como cohecho o incluso enriquecimiento oculto, termina siendo juzgado como peculado, con una san-ción mínima.

A decir de Padilla, esta característica del SNA busca ser un recurso garantista y de buena fe para corregir posibles abusos cuando se realicen acusaciones demasiado estrictas en casos que realmente no lo ameriten, pero termina siendo usado para lo contrario: atenuar investigaciones o sentencias que deberían ser más duras.

Una forma de corregir esta mala aplicación de las normas, consideró la académica, es que el sistema legal del país adopte y ponga en marcha la figura de los compliance officer u oficiales de cumplimiento, quienes se encargan de supervisar la aplicación de las leyes desde un lugar en el que tienen más independencia con respecto a los órganos que emiten un fallo o que lo hacen valer.

Las normas jurídicas y la buena fe no alcanzan, por eso se necesitan estos oficiales de cumplimiento y que haya estructuras de código de ética para que nuestras autoridades estén vigiladas, destacó la investigadora universitaria.