Ante el creciente problema de las desapariciones forzadas, de las cuales también son víctimas los servidores públicos, como policías federales y empleados de organismos prestadores de servicios, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) modificó los criterios de asignación de pensiones, a fin de otorgar este beneficio a las familias que lo soliciten.

A la fecha, el organismo ha otorgado 22 pensiones de este tipo, con base en las modificaciones al Reglamento para la Dictaminación en Materia de Riesgos del Trabajo e Invalidez, en el cual se incorporó la figura de desaparición forzada como causal para una pensión por riesgo de trabajo.

El artículo 20 del ordenamiento señala que en los casos de desaparición forzada de servidor público, se deberá demostrar que ésta ocurrió en ejercicio o con motivo del trabajo. Entre los requisitos para tener la prestación, se debe presentar el acta administrativa de la dependencia o entidad que corresponda, así como la resolución judicial del caso con la cual se determine la presunción de muerte del trabajador.

Jorge Érick Pérez Pérez, director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Issste, comentó en entrevista que el cambio en el reglamento se hizo a petición de la Secretaría de Gobernación y como alternativa para apoyar a los dependientes económicos del empleado cuyo paradero se desconoce.

Información publicada por La Jornada (6/8/18) señala, de acuerdo con fuentes del gabinete de seguridad, que las entidades donde se ha reportado el problema son Guerrero, Sonora, estado de México, Quintana Roo y Chihuahua, y se ha tratado de empleados de la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Nacional de Migración, las secretarías de Desarrollo Social y de Hacienda, así como del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además de la Policía Federal.

Debido a que no existe constancia de la muerte de los empleados, no están presentes ni acuden a sus trabajos, los familiares se encuentran en indefensión. La pensión por riesgo de trabajo es la opción para apoyarlas, indicó el funcionario.

Aunque no se ha dado amplia difusión a esta modalidad de ayuda, la conocen las familias afectadas por el problema y pueden recurrir a ella si así lo desean, sobre todo en los casos donde el único proveedor de recursos económicos era el servidor desaparecido.

La reforma del reglamento que entró en vigor en febrero de 2017, incluyó las pensiones humanitarias que se autorizan para afiliados que viven con alguna enfermedad grave de la cual, de manera evidente no se van a recuperar.

En algunos casos y de acuerdo con el médico que evalúa la condición de los pacientes, dijo Pérez Pérez, ni siquiera se requieren pruebas clínicas para autorizar esa pensión. Se han otorgado a pacientes con males graves e incurables. A la fecha, el Issste ha autorizado 180 pensiones humanitarias, apuntó.

Respecto de los servidores públicos que han sido levantados sin que se vuelva a saber de ellos, Pérez Pérez comentó que en el Issste no existe información sobre la cantidad de afectados.