n un encuentro con diversas organizaciones de ingenieros, el próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, delineó con claridad su postura para tomar una decisión sobre el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México (NAICM): esperar al dictamen de los especialistas de su propio equipo, incorporar los puntos de vista de los miembros del gremio de ingenieros y, a partir del 15 de septiembre, abrir un debate público sobre el asunto para posteriormente tomar la determinación final con base en una encuesta o por medio de un referéndum.

López Obrador planteó que se debe decidir entre tres escenarios: proseguir el proyecto actual sobre el lago de Texcoco sin modificaciones; ampliar la actual base aérea de Santa Lucía y conservar el AICM en su ubicación y con sus instalaciones actuales o, por último, continuar la construcción actual, pero transfiriéndola por medio de licitación y concesionarla a operadores privados.

El próximo mandatario expuso lo anterior en presencia de quien ha propuesto para la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien ha defendido la segunda de esas opciones, y del magnate Carlos Slim, quien en meses anteriores se manifestó contrario a esa postura, en lo que fue un encontronazo declarativo del que surgió la tercera posibilidad, que es continuar con lo realizado en el presente sexenio, pero en la modalidad de concesión.

En la reunión quedaron establecidas, pues, las bases para resolver de manera fundamentada y democrática los problemas políticos, financieros y técnicos que ha generado la obra en Texcoco. El próximo presidente destacó, asimismo, un aspecto poco comentado, que es el de la pertinencia de consultar a todo el país sobre un proyecto cuyo costo pendiente equivale a casi la mitad de lo que se destina anualmente a inversión pública.

Si bien es positivo el propósito de decidir la modalidad y ubicación finales del NAICM con base en el sentir ciudadano, nada se dijo, sin embargo, sobre la necesidad de consultar a los pueblos indígenas directamente afectados por esa obra, particularmente el de San Salvador Atenco, el cual rechaza desde el sexenio antepasado la construcción de la terminal aérea en Texcoco y sufrió, por ello, una injustificable violencia represiva en 2006, en un episodio que derivó en gravísimas violaciones a los derechos humanos.

Debe considerarse que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece el derecho de los pueblos originarios a participar, ser consultados y tomados en cuenta en el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

Queda pendiente, pues, la manera en la que habrá de darse cumplimiento a estas directivas, que son obligatorias en la medida en que México ratificó el instrumento referido. Finalmente, debe reconocerse que además de los aspectos constructivos, administrativos y aeronáuticos, el NAICM conlleva un problema social que no debe ser soslayado.