Managua

Al menos 135 médicos, enfermeras y paramédicos que atendieron a manifestantes opositores heridos durante las protestas contra el gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, fueron destituidos del sistema público de salud, denunciaron este viernes dos organizaciones médicas.

Carlos Duarte, directivo de la Asociación Médica Nicaragüense, calificó los despidos realizados en tres provincias del país como arbitrarios e ilegales y los consideró una represalia del gobierno de Ortega por apoyar indirectamente las protestas sociales.

Esto va en contra de la Ley General de Salud que favorece a la población desprotegida, expresó a El Nuevo Diario Duarte, quien también fue despedido de un hospital público. Hay especialistas cesados en las localidades de León, Carazo y Masaya, entre los que figuran internistas, pediatras, ortepedistas, oncólogos, cirujanos y cardiólogos con más de 20 años de experiencia.

En días recientes decenas de médicos denunciaron que fueron destituidos sorpresivamente de sus puestos y algunos de ellos fueron acusados de terroristas, por desatender una orden oficial de no auxiliar a manifestantes heridos.

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló que durante las protestas se negó la atención médica a personas heridas y se ordenó restringir la salida y el tránsito de ambulancias y el trabajo de personal de asistencia humanitaria como bomberos, personal de la Cruz Roja, así como de personal médico, paramédico, estudiantes de medicina y personas voluntarias.

Lo que hicimos fue darle atención a la población...sin ninguna discriminación por ideología política ni religiosa. Nuestra misión es operar, no juzgar, sostuvo Julio Sánchez, cirujano despedido del hospital público de Carazo tras 34 años de servicio.

La Unidad Médica Nicaragüense (UMN) condenó también los despidos de trabajadores de salud que se han comprometido con la defensa de la vida y de seres humanos heridos durante estos meses de protestas cívicas, de acuerdo a la UMN, al menos 28 médicos abandonaron Nicaragua tras sufrir amenazas de simpatizantes del gobierno.

La crisis en Nicaragua se inició el 18 de abril con una protesta de estudiantes contra una ya derogada reforma a la ley de salud que derivó en grandes manifestaciones contra Ortega, tras la violenta represión de la policía y paramilitares, la CIDH reportó 317 fallecidos como saldo de la violencia hasta el 30 de julio, aunque el gobierno solo reconoce 195 muertos, contra 450 decesos contabilizados por la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos.