En los mil 115 municipios declarados zonas de atención prioritaria (ZAP) en el país, ocho de cada 10 habitantes se encuentran desde 2015 en lamentables condiciones, no obstante los cuantiosos recursos públicos orientados a su desarrollo, señala un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.

La recomendación de ese órgano legislativo, para la futura declaratoria de las zonas de atención prioritaria en 2019, se enfoca en aplicar nuevos procedimientos normativos y presupuestales tendentes a endurecer las reglas de operación, y la participación de las comunidades campesinas e indígenas en una nueva política de evaluación de resultados.

El programa de zonas de atención prioritarias asiste a 2.5 millones de familias, desde 2002. Eduardo Noriega Álvarez y Anahí Hidalgo García, autores del trabajo, refieren un escenario nacional de enormes desigualdades entre sus regiones y segmentos de población, en el que lejos de desvanecerse se hacen más grandes, con un doble efecto pernicioso de asfixiar con mínimos ingresos a una alta proporción de la población nacional, además de representar una franca limitante para ampliar el mercado interno y alcanzar mayores tasas de crecimiento productivo.

Desde 2010, con la primera declaratoria de las ZAP 2010, se identificaron 32 regiones, integradas por 365 municipios de muy alta marginación y 455 de alta marginación, con un registro de 9.1 millones de habitantes.

El argumento de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) aludía a la brillante oportunidad de conformar regiones en las ZAP rurales, no obstante “a la fecha no se ha realizado ningún intento por instrumentarlas, tema que por definición debe abordarse con resoluciones concretas en la declaratoria de 2019.

Por tanto, resulta imprescindible puntualizar en la declaratoria de las ZAP 2019, como parte de la competencia y responsabilidad institucional de la Sedesol, y precisar los ámbitos fundamentales en términos económicos y sociales de atención, así como los procedimientos para la participación de programas presupuestales y la forma de evaluar los resultados obtenidos.

Los municipios rurales identificados en las ZAP son en los que se registran los más altos índices de rezago social y marginación en el país, y que a su vez se encuentran con mayores niveles de carencias sociales.

En consecuencia, en la declaratoria de las ZAP rurales de 2008 al 2011 se identificaban mil 251 municipios, en función a su alto grado de rezago y marginación social. En la declaratoria de 2012 y de 2013 su número se redujo a 849, para elevarse a mil 80 en las emisiones de 2014 a 2016, situándose en mil 115 municipios en las presentaciones de 2017 y 2018.

La pobreza conlleva sus cotidianas paradojas, pues a consecuencia de la infranqueable línea concentradora del ingreso inherente a la economía de mercado, también en las entidades federativas de altos índices de crecimiento productivo se distinguen municipios con elevados índices de pobreza multidimensional que obliga a considerarlos dentro de las declaraciones anuales de las ZAP rurales, como el caso que prevalece en Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua o Jalisco.