San Luis Potosí, SLP.

Más de 50 comunidades de los municipios de San Antonio, Xilitla, Tanquián, Tamuín, Tanlajás y San Vicente se declararon ayer en sesión permanente ante la pretensión de Petróleos Mexicanos (Pemex) de explotar hidrocarburos en la Huasteca potosina mediante fractura hidráulica (fracking).

En asamblea, más de mil campesinos rechazaron el proyecto y advirtieron que se opondrán ‘‘hasta con la vida’’ a que Pemex explote gas butano en la comunidad de San Pedro, municipio de San Antonio.

Acordaron formar una comisión especial encabezada por el secretario del ayuntamiento de San Antonio, Carmelo Rodríguez Rojas, quien aseguró que este año Pemex ha enviado varios avisos del inicio de perforaciones para extraer gas.

El alcalde de San Antonio, Agustín González Hernández, advirtió que no se permitirá el fracking porque ‘‘sería perder nuestro ecosistema y la poca agua que hay en las comunidades. En lo que resta del trienio, mi postura siempre será la misma: no al fracking. Vamos a defendernos hasta las últimas consecuencias’’.

El munícipe electo, Edyunary Castillo, aseguró que, sustentado en la ley, mantendrá la misma postura y adelantó a los asistentes que promoverá un amparo federal no sólo contra Pemex, sino también contra la Secretaría de la Defensa Nacional.

Raúl Rivera, presidente electo de Tanlajás, externó que el daño al ecosistema ‘‘no se permitirá ahora ni nunca. No vamos a permitir que pasen por Tanlajás con explosivos para San Antonio. Apoyaremos a nuestros hermanos porque es un problema que nos afecta a todos’’.

Alejandro Leal Tovías, secretario general de Gobierno, afirmó que Pemex no está interesado ni tiene concesión alguna para extraer combustibles mediante fractura hidráulica en la Huasteca.

Admitió que a pesar de que el gobierno federal ya ha detectado reservas de gas de lutita (shale) en la Huasteca, el estatal no conoce proyectos específicos ni licitaciones para explotar esta región.

Agregó que, de acuerdo con la reforma energética, estos yacimientos, así como los campos petrolíferos, deben ser licitados para su explotación y aprovechamiento, y los proyectos deben ser sometidos a consulta para desarrollarlos.