Toluca, Méx.

El gobernador Alfredo del Mazo Maza promulgó ayer la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que permite a la administración estatal y a los ayuntamientos aliarse con particulares para desarrollar infraestructura y prestar servicios públicos.

Esta ley suple y deroga el capítulo 10 del Código Administrativo del Estado de México, que regulaba los proyectos de prestación de servicios (PPS), mediante los cuales la iniciativa privada construyó hospitales, carreteras, vialidades y centros culturales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2005-2011), a cambio de una contraprestación anual.

En la ceremonia durante la cual Del Mazo Maza firmó la nueva ley de las APP, aprobada por el Congreso local en abril pasado, el mandatario adelantó que ahora la administración a su cargo y la iniciativa privada podrán desarrollar importantes proyectos de infraestructura vial, rehabilitar escuelas y centros de salud, así como realizar proyectos de movilidad y conectividad digital.

Los municipios también podrán firmar contratos con particulares para que éstos se encarguen del mantenimiento de vialidades, rehabilitación y construcción de redes de agua potable, además de colaborar en servicios públicos.

Los gobiernos firmantes pagarán a las empresas una contraprestación durante el tiempo que dure la concesión (de cinco a 20 años).

Las obras o proyectos podrán ser licitados o adjudicados de manera directa por el gobierno estatal, los ayuntamientos y los organismos descentralizados que recurran a la figura de las APP. Los municipios también se podrán coligar para desarrollar proyectos de infraestructura regional.

El secretario estatal de Comunicaciones, Luis Limón Chávez, indicó que la nueva ley fortalecerá el desarrollo de infraestructura para que el estado de México se convierta en el centro logístico del país, una de las metas que Alfredo del Mazo se fijó al inicio de su gobierno.

Del Mazo Maza destacó que la ley también impulsará la competitividad y la economía del estado, además de generar miles de empleos con un robusto programa de infraestructura.

‘‘Para apuntalar las ventajas competitivas y consolidarnos como centro logístico daremos un impulso histórico a las inversiones de alto impacto, como autopistas, vialidades y proyectos de movilidad; también se impulsarán proyectos para el desarrollo de la conectividad digital’’, dijo.

La nueva ley, que consta de 12 capítulos y 137 artículos, señala que todos los proyectos deberán ser aprobados por la Secretaría de Finanzas del gobierno mexiquense; habrán de ser de largo plazo y los particulares que ganen la licitación o adjudicación deberán encargarse de la inversión y financiamiento de las obras, y una vez realizadas, el estado, el municipio o el organismo contratante pagará una contraprestación anual durante la vigencia del contrato.

Los proyectos también deberán ser avalados con al menos dos tercios de los votos del Congreso estatal; a su vez, la Secretaría de Finanzas deberá entregar a los diputados informes trimestrales de avances.