La dinámica inmobiliaria de la Ciudad de México apunta a la expulsión de la población económicamente menos favorecida, ante la poca oferta de vivienda asequible en las zonas centrales de la capital, afirmaron expertos en política urbana y movilidad.

En una conferencia que ofreció la asociación civil Mejor Ciudad, señaló que el periodo de transición gubernamental representa una oportunidad única para cambiar el status quo del desarrollo urbano de la ciudad.

Consideró que es indispensable promover un marco regulatorio eficiente para la construcción de vivienda e infraestructura adecuada y asequible para la población de diferentes segmentos económicos.

Ignacio Kunz, especialista en planeación y urbanismo de la UNAM, destacó que hay dos problemas de la planeacion que generan exclusión. Uno es usar parámetros basados en densidad, y otro, la asignacion de usos de suelo eficiente e intensivo, con lo que se elevan los costos en zonas céntricas.

La norma, añadió, debe ser juiciosa, porque entre más compleja y obstructora de programas de desarrollo urbano sea, habrá más casos de corrupción, mayores excepciones mal planeadas y más malas historias que contar en materia inmobiliaria.

Dolores Franco, presidenta del Colegio Mexicano de Urbanistas, señaló que la exclusión de habitantes en la capital del país obedece en gran medida a factores como la dificultad y lentitud para gestionar permisos, así como la complejidad de la norma, lo que promueve la especulación e incrementan los costos.

Janet de Luna, directora de proyectos de Mejor Ciudad, consideró que se deben identificar zonas con superávit de infraestructura y reforzar donde están las fuentes de trabajo y el transporte.

Propuso facultar al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva para diseñar usos de suelo claros y directos que permitan mezclar comercio local con centros de trabajo y vivienda, involucrando a miembros de la sociedad, autoridades, academia e iniciativa privada.

Gene Towle, director de la consultora de Proyectos Inmobiliarios Softec, precisó que los precios de las viviendas han tenido un incremento de 32 por ciento en el mercado medio y residencial, 31 en el económico y 43 en el social.