La deuda pública de la Ciudad de México ha presentado un comportamiento favorable, ya que en la actual administración se incrementó 0.7 por ciento, en promedio, en términos reales; monto menor al que se registró en los periodos anteriores, informó la Secretaría de Finanzas capitalina.

En materia de deuda pública, el gobierno capitalino ha mantenido políticas que procuran su estabilidad al considerar los recursos de crédito como un complemento de los ingresos de la capital del país, los cuales se canalizan exclusivamente al gasto de inversión, indicó.

De acuerdo con la dependencia, el crecimiento de la deuda ha mantenido congruencia con el incremento en los ingresos, de forma que no ha puesto en riesgo su capacidad de pago a corto, mediano ni largo plazos al mejorar el capital físico y la calidad de vida de la ciudadanía, potenciando su producto interno bruto (PIB) y la recaudación local.

La secretaría refiere que un indicador importante sobre la sostenibilidad de la deuda pública es, precisamente, el saldo y el PIB estatales.

Así, al cierre del primer trimestre de 2018, este indicador se ubicó en 2.1 por ciento, por debajo del promedio nacional de 2.4 por ciento.

Agregó que el nivel de deuda respecto del tamaño de la economía de la Ciudad de México es uno de los más dinámicos del país y el que más contribuye al crecimiento del PIB nacional, logrando que su financiamiento sea manejable y sostenible.

Confianza de inversionistas

Las agencias calificadoras Fitch y Moody’s ratificaron en 2017 las más altas calificaciones para la deuda pública de la Ciudad de México: AAA y Aaa.mx, lo que muestra la confianza de los inversionistas sobre el perfil financiero con el que cuenta la ciudad, dijo.

Asimismo, en los resultados del Sistema de Alertas que publica trimestralmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se ha obtenido una calificación de endeudamiento sostenible presentada mediante un semáforo en verde, reflejo de la calidad en el manejo del endeudamiento público de la capital del país, apuntó.

Agregó que el gobierno local ha implementado políticas de gasto e inversiones con un criterio de responsabilidad, buscando siempre el equilibrio presupuestario, de modo que su política de ingresos sea congruente con el crecimiento potencial de los ingresos y la capacidad de financiamiento.