Toluca, Méx.

La nueva Ley de Seguridad Social del Estado de México, avalada el miércoles por el Congreso local, aumentará en 3.5 puntos porcentuales las cuotas que aportan los 375 mil servidores públicos mexiquenses para servicios médicos y pensión; mientras, las de dependencias, organismos descentralizados y ayuntamientos subirán 6.5 por ciento, a fin de dar viabilidad financiera al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), que se encuentra al borde del colapso.

En un comunicado, el Issemym señaló que la nueva ley no implica modificación alguna para que los actuales servidores públicos accedan a su pensión, pues ‘‘tiene como premisa respetar los derechos de los trabajadores en activo y de los pensionados, al mantener intactos los beneficios, derechos y prerrogativas de las que disfrutan actualmente; es decir, se mantienen requisitos de edad y antigüedad para acceder a una pensión y servicios’’.

El nuevo régimen de pensiones, de cuentas individualizadas, sólo se aplicará a los servidores públicos que ingresen a partir del primero de enero del próximo año. No obstante, a los actuales burócratas se les ofrecerá la opción de quedarse en el sistema mixto y solidario o mudarse al que será operado por administradoras de fondos para el retiro (Afore).

La ley estipula que las cuotas que aportan los servidores públicos para servicios médicos y pensión aumentarán en 3.5 puntos porcentuales a partir del primero de enero de 2019, de 12.125 por ciento del salario a 15.625 por ciento; 5.625 puntos se destinarán a servicios de salud y 10 puntos a pensión.

En tanto, las aportaciones que pagan las instituciones públicas al Issemym se incrementarán de 19 a 25.5 por ciento del salario base de cotización. ‘‘Con ello se podrá garantizar la modernización de equipos médicos y la introducción de nuevas tecnologías en los hospitales del Issemym para fortalecer la prevención y la detección temprana de padecimientos’’, se acotó en el boletín.

El Issemym informó que la edad para jubilarse por vejez se mantiene en 57 años para quienes ingresaron al servicio público antes de 2004; en 62 años para aquellos que ingresaron después de 2012, y sólo para los que entren de 2019 en adelante se extenderá a 65 años.

En contraparte, a los nuevos empleados ya no se les exigirán 35 años de servicio, como ahora, sino que será suficiente con que coticen 25 años para acceder a ‘‘una pensión digna’’.

La nueva ley prevé una pensión garantizada de 2 mil 765 pesos al mes, a la cual podrán acceder aquellos servidores públicos que no tengan aportaciones suficientes para recibir 40 ciento de su salario cotizado. Asimismo, se estipula que ninguna pensión será mayor a 32 mil pesos mensuales.