clausura ciudadanadel predio donde se pretende construir el edificio más alto de la capital.Foto Marco Peláez
Viernes 27 de julio de 2018, p. 31
Vecinos de la colonia Anzures, delegación Miguel Hidalgo, clausuraron de manera simbólica el predio ubicado en Mariano Escobedo y Melchor Ocampo, donde se pretende construir la torre Puerta Reforma, un rascacielos de uso mixto que incluiría una plaza comercial, que a su decir impactaría la movilidad y los servicios urbanos en la zona.
Explicaron que hasta ahora sólo se han hecho los trámites para iniciar la construcción de un estacionamiento, pero se trata de un proyecto que se autorizó hace seis años para edificar 40 pisos, pero que, mediante un polígono de actuación, podría alcanzar 80 niveles, lo que la convertiría en la torre más alta de la ciudad.
Sandra Urdapilleta y Mericia Herrera explicaron el 11 de julio que las autoridades delegacionales difundieron en la red social Periscope la presentación pública número 517 de la manifestación de construcción tipo B para dos sótanos con 128 cajones de estacionamiento, pero no se habló del proyecto global.
Es sumamente irresponsable que la delegación apruebe la construcción de los cimientos sin la certeza de la altura que tendrá, porque no es lo mismo construir 10 niveles, permitidos aquí, que los 40 que tienen autorizados
, expresaron, tras cuestionar que no se haya invitado a la presentación del proyecto a todo el comité ciudadano.
Alejandro Curiel, coordinador del comité, aseguró que la convocatoria fue abierta y apuntó que, independientemente de la división que existe, están en contra del desarrollo inmobiliario, cuyo cambio de uso de suelo, de 10 a 40 niveles, fue solicitado en la gestión de Marcelo Ebrard, aprobado por la Asamblea Legislativa y publicado en la Gaceta Oficial el 26 de abril de 2013 por Miguel Ángel Mancera.
El proyecto aún no se ha registrado en la delegación, pero existe una solicitud para efectuar un polígono de actuación en el predio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, refirió, al señalar que analizarán las vías legales para detenerlo.
Esto afectaría aún más la movilidad, el suministro de agua y todos los servicios en la zona, porque estimamos que llegaría una población flotante de 400 mil personas
, apuntó a su vez Rafael Costabile, integrante del comité.