La Primera Comisión de la Permanente acordó solicitar a la Secretaría de Gobernación (SG) y la Procuraduría General de la República (PGR) un informe en que detallen las acciones que llevan a cabo para contrarrestar el desplazamiento forzado de personas en el territorio nacional que ya supera 310 mil personas.

Tan sólo el año pasado, se destaca en el dictamen, se tiene el registro de 29 episodios de desplazamiento, de los que 20 estuvieron relacionados con el narcotráfico. Unas 23 mil 169 personas tuvieron que abandonar sus lugares de origen, de ellas, 21 mil lo hicieron por la violencia desatada por los cárteles de la droga y la persecución de sus integrantes.

En reunión de trabajo de dicha comisión, senadores y diputados de todos los grupos parlamentarios respaldaron el punto de acuerdo presentado por la legisladora del PRI Yolanda de la Torre Valdez, en el que demanda a la SG y a la PGR que entreguen un reporte de las acciones que se llevan a cabo para frenar el desplazamiento forzado de personas en el país.

La senadora De la Torre destaca en su propuesta que en el mundo hay más de 25 millones de personas en situación de desplazamiento interno. Precisa que esos movimientos de quienes huyen de sus comunidades o lugares de origen, son consecuencia habitual de experiencias traumáticas de conflictos violentos, violaciones manifiestas de los derechos humanos y causas similares en las que la discriminación tiene un papel significativo, generan casi siempre condiciones de sufrimiento y penalidad para las poblaciones afectadas.

Resaltó que esos desalojos provocan ruptura familiar, cortan lazos sociales y culturales, ponen término a relaciones de empleo sólidas, perturban las oportunidades educativas, niegan el acceso a necesidades vitales como alimentación, vivienda y medicina, y exponen a personas inocentes a violencia en forma de ataque a los campamentos, desapariciones y violaciones.

Los desplazados internos, subraya la propuesta, se cuentan entre las poblaciones más vulnerables y más necesitadas de protección y asistencia. En este trágico proceso, detalló, se encuentran los habitantes de al menos 10 poblados de los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo, en la sierra de Guerrero. Los habitantes comenzaron a abandonar sus comunidades tras enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control de esa zona amapolera.

La senadora aseveró que no existe una cifra oficial sobre el número de desplazados por la violencia, pero la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) cree que de 2009 a 2017 sumaron 310 mil.

La violencia de bandas criminales en localidades como Filo de Caballos, Pueblo Viejo, Puerto de la Guitarra, la vuelta del Chonte o del Sur, Izotepec, Polixtepec, Xochipala, Lagunillas, Morros y Campo de Aviación (Guerrero), viven una situación similar, dijo la senadora.

De la Torre sostiene que la entidad con más desplazados es Chiapas, con 6 mil 900 (29.87 por ciento del total); le sigue Guerrero (5 mil 948, representan 29.17 por ciento).

En tercer sitio está Sinaloa, con 2 mil 967 casos (14.55 por ciento).

La senadora agregó que 5 mil habitantes cuyas viviendas han quedado vacías en Ciudad Juárez –según reporte de la Universidad de Chihuahua– prefirieron abandonar estas casas, perdiendo los pagos realizados por ellas.