Al crear su comisión temporal de presupuesto, este mediodía, el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciará los trabajos de elaboración de la propuesta de gastos que en su momento remitirá a la Secretaría de Hacienda para su integración en el paquete que se enviará a la Cámara de Diputados.

En el organismo, consejeros aseguraron que no habría objeciones para reducir sus salarios, si bien señalaron que dicha medida requiere adecuaciones legales para su puesta en marcha.

Los consejeros Benito Nacif y Marco Antonio Baños consideraron viable la reducción de las prerrogativas que reciben los partidos políticos anualmente. Sin embargo, entrevistados por separado, estimaron que sin adecuaciones legales lo procedente sería la renuncia anticipada de las partidas pero si se pretende reducirlas de forma permanente se debe adecuar el marco legal que rige el financiamiento público.

Nacif puntualizó que en 2017 ya hubo una experiencia de renuncia casi general de los partidos políticos a toda o parte de sus prerrogativas. En ocasión de la emergencia derivada de los sismos de septiembre, la mayor parte de los partidos notificaron al INE la renuncia a recibir una proporción o la totalidad de sus prerrogativas para que se destinaran a apoyar a los damnificados.

La comisión que será presidida por la consejera Claudia Zavala coordinará los trabajos para elaborar el presupuesto con la salvedad que en esta ocasión, por el cambio de gobierno, los plazos legales cambian. Además, el anunciado plan de austeridad del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador obligará a realizar modificaciones posteriores, pues los consejeros han adelantado que trabajaran su propuesta bajo el marco legal vigente.

En referencia a las prerrogativas, Baños refirió que la anterior reforma electoral en 2014 trajo consigo un efecto negativo en el ámbito del financiamiento partidista a escala estatal que en algunos casos se duplicó.

Consideró viable que se reduzcan las prerrogativas partidistas para reconducir esos recursos hacia otras prioridades sociales.

Sin embargo, esto implicaría cambiar la fórmula vigente que establece la bolsa general de financiamiento a los partidos a escala federal a partir de multiplicar 65 por ciento del equivalente a la unidad de medida administrada, por el número de ciudadanos incluidos en el padrón electoral. Esa fórmula podría reformarse a efecto de que se reduzcan las prerrogativas que reciben los partidos políticos.