ace un año las críticas por faltas y omisiones del Instituto Nacional Electoral (INE) frente a los procesos en los estados de Coahuila y México desplomaron su credibilidad. Parametría reportó una desconfianza de más de 60 por ciento. Ante los señalamientos de actores de la sociedad civil organizada se demandó la renuncia en pleno del Consejo General. Ahí, Lorenzo Córdova nos regaló una perla fallida de autodefensa al advertir que cuestionar al INE es dañar la democracia y abrir el paso al autoritarismo. Debíamos, por tanto, abstenernos de criticar al INE porque seríamos responsables del advenimiento de una dictadura. Ahora nuevamente el INE está en medio de la polémica en torno a la multa que impuso a Morena, a propósito del fideicomiso que dirigentes, militantes y simpatizantes de ese partido constituyeron para dar donativos a damnificados del sismo. En tanto el tribunal resuelve este complicado caso, han vuelto a aflorar animosidades contra el árbitro electoral. Incluso el próximo presidente de la República calificó la acción de venganza y volvió a advertir la partidización de los consejeros. Se reabre una herida profunda, la desconfianza no sólo entre los actores políticos hacia las autoridades electorales, sino entre los propios consejeros que se reprochan parcialidad y amparar posturas partidistas. Ante los resultados tan holgados en la elección de julio en favor de AMLO, algunos consejeros echaron a volar las campanas, pues los numerosos errores y omisiones del INE pasaron casi imperceptibles, pero ahí están y ameritan ser evaluados con actitud crítica. La ciudadanía tiene derecho a la democracia y sus gobiernos e instituciones de Estado tienen la obligación de promoverla, recrearla y defenderla. Como diría Peter Druker: La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero la estructura equivocada es una garantía de fracaso. Por ello tenemos la obligación de repensar y fortalecer al INE como una institución ancla en la democracia electoral y la estabilidad del país.

Lo primero que debemos reconocer es el fracaso de la reforma de 2014, que ha creado un monstruo electoral llamado INE que concentra y centraliza demasiadas funciones no con la atingencia requerida ni el aseo necesario. El INE se ha convertido en un gran elefante que le cuesta mucho trabajo adaptarse a las exigencias actuales. La reforma creó un modelo electoral híbrido una parafederalidad absurda con los Oples. Por tanto, resulta necesario vigorizar las instituciones vinculadas a la democracia electoral. Punteo algunas zonas críticas.

1. Simplificar la normativa electoral. Es barroca, excesiva, rebuscada y absurda. Es fruto de la enorme desconfianza entre los actores políticos y la capacidad de éstos para burlar la ley. Por ejemplo, al regular el acceso a televisión y radio en las campañas en 2007, se formó un mercado negro de promoción de candidaturas en los diversos medios.

2. Oples o INE. ¿Tiene sentido mantener dos estructuras electorales en cada entidad? La reforma de 2014 es un galimatías que no deja claras las fronteras institucionales de rango, responsabilidad y autoridad. Éstas se estorban. La disyuntiva es clara frente al modelo híbrido: o desaparecen los Oples y el INE asume la totalidad de las elecciones. O desaparece el INE y se crea una federación de Oples autónomos que se coordinan en elecciones federales.

3. Reducir gastos. Elecciones costosísimas en país pobre. Empresarios hicieron un cálculo conservador que supone en 100 mil millones de pesos el costo de la elección. Entre el presupuesto del INE, Oples, prerrogativas a partidos a escalas federal y local, la Fepade, presupuestos de los tribunales electorales locales, regionales y federal, así como los 55 millones de promocionales. Y otros gastos indirectos, como movilización policiaca y del Ejército.

4. Reciudadanizar el INE. Se debe excluir la fórmula para la composición de cuotas de partidos en la integración de los consejos que actúan bajo consigna, traicionando los principios de certeza, autonomía e independencia que deben guardar. El INE y los Oples se han desciudadanizado. Integrados ahora por funcionarios, son instituciones autorreferenciales alejadas de la ciudadanía postradas en una ineficiente casta electoral.

5. Descentralizar la fiscalización. Cómo es posible que no se detecten los recursos subterráneos, que Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde denunciaron. Por cada peso, sobre la mesa hay otros 15 debajo de ella. Casar propone delegar esta función en la Secretaría de Hacienda, aprovechando su capacidad logística y experiencia.

Repensar críticamente lo electoral, como diría Octavio Paz: una nación sin elecciones libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.