Con la disminución salarial de los mandos superiores del gobierno federal propuesta por la futura administración de Andrés Manuel López Obrador se presentaría paralelamente una pérdida recaudatoria por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) de unos 19 mil millones de pesos anuales, mientras la aseguradora Met Life, entidad que administra los recursos del Seguro de Separación Individualizada (SSI), podría sufrir una corrida financiera de unos 51 mil millones de pesos en caso de que los funcionarios fueran despedidos y solicitaran su fondo, situación que pondría una presión adicional a las finanzas públicas, advierten analistas financieros.

Con base en la Clasificación Económica Administrativa del Gasto Programable (tomo I del Presupeuesto de Egresos de la Federación 2018), el pago de servicios personales de la totalidad de servidores públicos, es decir, mandos medios, superiores y operativos, así como el Ramo 33, ascenderá a un billón 220 mil millones de pesos de percepción bruta, lo que representa 32 por ciento del gasto programable total.

Estimaciones realizadas con base en el Analítico de Plazas (tomo IX del PEF-2018), el número de plazas de mandos superiores, como directores de área, directores generales adjuntos, jefes de unidad, oficial mayor, subsecretarios y secretarios en el gobierno asciende a 53 mil 997, de las cuales 48 mil 222 corresponden a niveles definidos en el tabulador de puestos de la Administración Pública Centralizada (APC) y el resto a niveles homologados en el sector paraestatal (IMSS, CFE, Saneam y Pemex). Estos mandos superiores generan una nómina bruta de 75 mil 164 millones de pesos y retenciones del ISR a una tasa promedio de 36.6 por ciento, equivalente a 27 mil 489 millones de pesos.

Si se considera una reducción de 50 por ciento en las percepciones salariales de los mandos superiores del gobierno, el ahorro que en principio se podría obtener sería de 37 mil 582 millones de pesos. Sin embargo, en este escenario, la recaudación del ISR sería de 8 mil 513 millones de pesos a una tasa promedio de 22.7 por ciento.

Efectos negativos

Así, la reducción en 50 por ciento a las percepciones salariales de los mandos superiores tendrá efectos sobre la recaudación del ISR, ya que por un lado causará impacto a una menor base del impuesto y por el otro, al disminuir el nivel salarial la tasa de impuesto aplicable sería menor, con lo que estos dos efectos combinados se estima que disminuiría la recaudación del ISR en 18 mil 976 millones de pesos.

Por otro lado, el Seguro de Separación Individualizada, que tiene como objetivo que el servidor público cuente con un fondo de ahorro, en caso de una pérdida inesperada de su empleo también ejercería una presión adicional. A grandes rasgos, funciona como una caja de ahorro donde el funcionario puede optar por ahorrar quincenalmente hasta 10 por ciento de su percepción bruta mensual, y el gobierno aporta simultáneamente un porcentaje similar al que el trabajador aporta.

Dichos fondos se depositan en la Aseguradora Met Life, que a su vez los invierte en diversos instrumentos financieros de mediano y largo plazo, otorgando un rendimiento que es en la actualidad en promedio de aproximadamente 9 por ciento.

Si esta prestación fuera cancelada, o los funcionarios fueran despedidos de sus puestos para ser contratados con un nivel salarial 50 por ciento inferior al actual nivel, sería equivalente a la cancelación de la póliza de aseguramiento, o bien abriría la posibilidad de que todos solicitaran sus fondos de ahorro al mismo tiempo, lo que podría ocasionar una corrida financiera.

Al respecto, Mario di Constanzo Armenta, analista financiero, recomendó que para evitar el efecto sobre las aportaciones a la seguridad social se debe considerar mantener el esquema actual de sueldo base más compensación garantizada y en todo caso la reducción salarial debe aplicarse sobre la compensación garantizada, de manera que el sueldo permanezca sin ningún cambio.

En el caso del SSI, el especialista sugirió que más que una cancelación se podría considerar la reducción de la aportación gubernamental de manera tal que ésta fuera de sólo uno por ciento, en lugar del 10 actual del sueldo bruto del funcionario.

Lo anterior, dijo el analista, reduciría sensiblemente la aportación gubernamental y evitaría la cancelación de la póliza y por tanto reduciría la posibilidad de la exigibilidad inmediata de estos fondos por parte de los beneficiarios, al mismo tiempo que bajaría la aportación del gobierno federal a 460 millones de pesos, de los 4 mil 605 millones de pesos que se pagaron por ese concepto en 2017.