Chilpancingo, Gro.

Organismos de derechos humanos se congratularon del triunfo logrado por Valentina Rosendo Cantú, indígena violada en 2002 por elementos del Ejército, luego de que el primero de junio la juez Iliana Fabricia Contreras Perales, emitió sentencia condenatoria contra Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca.

En conferencia de prensa, Alan García, representante de la oficina en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), manifestó que la sentencia es un logro de la lucha de las mujeres que han sido abusadas sexualmente, tras destacar que por primera vez se condena a elementos castrenses.

Manifestó que el sistema de justicia de México tiene retos y desafíos para garantizar los derechos de las mujeres. “Se ha permitido que una víctima de tortura sexual a manos de integrantes del Ejército haya encontrado salida a este laberinto judicial, caracterizado por displicencia, negligencia, solapamiento y simulación.

Sentencia paradigmática

No tenemos duda en calificar a esta sentencia como paradigmática. Es poderosa porque está cargada de los nutrientes de las mejores prácticas en los estándares internacionales, retoma justamente toda esta apuesta que en México se ha hecho por romper los patrones del ciclo de impunidad y de violencia a los que se enfrentan las mujeres, dijo.

Indicó que la resolución que se dictó en el caso de Valentina Rosendo Cantú envía un mensaje renovador para otros casos que están por resolverse en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH).

Hoy tenemos el privilegio de atestiguar la relación de la historia en materia de derechos humanos en el país. Estamos frente a la primera sentencia nacional en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la CIDH.

Es el primer precedente que se dicta en México, en el que una instancia judicial de naturaleza penal, finca una responsabilidad a los perpetradores de una conducta que previamente había merecido la adjudicación de responsabilidad por un organismo internacional, como lo es la CIDH, precisó.

Asistieron Gabriela Carrión Lee, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; María Corina Muskuz, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional de Feminicidio; Marcia Eguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, entre otros.