Clementina Allende Ramírez, de 30 años de edad, sabía que su familia no tenía futuro. Imposible sobrevivir cuando el dinero que ella ganaba vendiendo gelatinas y su esposo como albañil era insuficiente para pagar la cuota a los fraccionadores del campamento 21 de Marzo, en Chalco, estado de México.

Se armó de valor y gestionó los servicios básicos que en más de una década no habían llegado; hizo frente a sus extorsionadores y a los de otras 600 familias necesitadas de vivienda, y dejó de pagar cuotas.

Hoy Clementina está muerta. El pasado miércoles un pistolero la mató. Vecinos aseguran que fue una represalia por acabar con la ‘‘minita de oro’’ de Lorenzo Jesús Cano Camacho, a quien acusan de ser lotificador clandestino y autor intelectual del homicidio.

En esa comunidad asentada en los ejidos de Chalco se siente miedo. La gente que apoyó a Clementina está amenazada. Halcones rondan día y noche el campamento y vigilan los movimientos de los colonos. Mientras, el fraccionador está libre, pese a haber una imputación directa en su contra.

Clementina y sus vecinos vivían en la zozobra, pero el hartazgo llegó en agosto del año pasado. Cano Camacho se apostó en su comunidad para exigir 700 pesos por la introducción de energía eléctrica y 5 mil pesos para pagar ‘‘una multa’’ a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por haber estado robando la energía desde la fundación del campamento, en julio de 2006.

Ese mes la gente tomó posesión de sus terrenos, de 104 metros cuadrados cada uno, en la parcela 33 del comisariado ejidal Villa de Chalco.

Un año antes lo intentaron, pero fueron desalojados por la policía. No cejaron en su intento, pues habían pagado enganches hasta de 35 mil pesos y la necesidad de vivienda era apremiante.

Desde entonces pagaron cuotas semanales de cinco, 10, 25, 800 o hasta 5 mil pesos al fraccionador y a sus coordinadores. Debían pagar por no ir a las asambleas, por no participar en actos políticos, por inconformarse y por un inexistente servicio de vigilancia. Ni siquiera hay alumbrado público.

En febrero de este año, Cano Camacho los convocó y les exigió 150 pesos mensuales por ‘‘recibo comunitario’’ de energía eléctrica. Clementina lo enfrentó en público y se negó. Lo mismo hicieron muchos de sus vecinos de la colonia, donde la mayoría de las casas están hechas con materiales endebles.

Los lugareños relataron que en la más reciente asamblea, en marzo, Clementina respondió: ‘‘Basta. Ya no queremos dar cooperaciones. Queremos servicios y la regularización de los terrenos’’.

El fraccionador, sus pistoleros y sus coordinadores se marcharon, no sin antes advertir a Clementina que las cosas no quedarían así y que después de las elecciones habría cambios.

‘‘A mí me llamaron por teléfono y me dijeron: ‘¿Sabes? Cano les tiene una sorpresa’’’, contó una mujer que apoyó el movimiento de la inconforme.

Clementina y otros vecinos se movilizaron. Obtuvieron una constancia ejidal que ampara la posesión de sus terrenos y la CFE inició de inmediato la instalación de postes y transformadores. Además, negó que hubiera impuesto una multa de 5 mil pesos, como aseguraba el lotificador.

Acribillada frente a trabajadores de CFE

El pasado miércoles los trabajadores de la CFE llegaron a la comunidad para concluir la colocación de postes y tender el cableado. Eran las 10:30 de la mañana.

Clementina regresaba del mandado y de comprar tortillas para dar de desayunar a su esposo, Alejandro, y a sus dos hijos. A la entrada del campamento se detuvo a platicar con los ingenieros de la CFE, a quienes preguntó cuándo colocarían los cables y las acometidas en cada domicilio.

En ese momento, narraron los testigos, un sujeto con gorra, lentes oscuros y un paliacate en el rostro se le acercó por la espalda y le disparó sin mediar palabra. Los trabajadores de la CFE huyeron. Desde entonces la empresa no ha vuelto a enviar cuadrillas al campamento.

Durante la entrevista, los vecinos del campamento 21 de Marzo se miran entre sí. Se siente miedo. A unos se les quiebra la voz. Otros sostienen con firmeza que Lorenzo Jesús Cano Camacho es el autor intelectual de la ejecución de su vecina.

A raíz del asesinato, las oficinas de gestión de Cano Camacho, ubicadas a la entrada del campamento, fueron incendiadas, al igual que uno de los vehículos utilizados por sus coordinadores.

Aunque los accesos al campamento fueron cerrados con malla, los vecinos se dicen amedrentados por los ‘‘sicarios’’ del fraccionador.

La gente rescató libretas, actas y otros papeles donde se comprueba que eran espiados y hay registros de las cuotas que pagaban.

También han recibido mensajes anónimos según los cuales el nombre del homicida es Manuel Gutiérrez Soto, El Pastel. Aunque ya presentaron una denuncia, la Fiscalía General de Justicia del estado de México no ha citado a nadie a declarar.

En el campamento les alienta haber acabado con ‘‘la minita de oro’’ de Cano, pero el temor persiste. ‘‘Una bala fue para ella (Clementina) y una es para mí’’, dice uno de los denunciantes.

Todos sienten miedo y rabia cuando escuchan un mensaje con la presunta voz de Lorenzo Jesús, quien advierte que no hay pruebas en su contra y amenaza a quienes se niegan a pagar cuotas.

La Jornada buscó al esposo de Clementina, pero abandonó su casa para proteger a sus hijos, al menos mientras esperan justicia.