A partir del próximo primero de octubre, cuando sólo puedan emitirse títulos y cédulas profesionales electrónicas, las universidades públicas y privadas deberán verificar que la documentación entregada por los egresados para obtener un grado académico no sea apócrifa, tarea que se realizará sin un sistema de consulta integral de certificados y documentos oficiales, reconocieron representantes de universidades.

En entrevista con La Jornada, aseguraron que las instituciones de educación superior haremos nuestro mejor esfuerzo, pero no somos expertos en falsificaciones, por lo que reconocen que podrían presentarse casos en los que se otorgue una cédula a quien no cumple con la formación correspondiente.

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que la expedición de títulos y cédulas profesionales será sólo a través del formato electrónico, 9 mil 300 instituciones de educación superior y media superior que otorgan grados de técnico superior, licenciatura, especialidad y posgrado (de las cuales 4 mil 500 corresponden a instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios estatales) deberán realizar la verificación de documentos, responsabilidad que exige recursos y capacitación, afirmó Rodrigo Guerra, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, cuyas asociadas atienden a 60 por ciento de la matrícula universitaria particular.

En el cotejo de documentación de los egresados para otorgar el título electrónico –paso previo indispensable para obtener la cédula profesional electrónica (CPE)– las instituciones de educación superior vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo en rastrear. Hay técnicas desde llamar a las preparatorias al azar y determinar si son documentos originales hasta realizar una serie de pruebas, pero necesitamos un sistema oficial de consulta para verificar la documentación, el gobierno federal nos dice que está creando los sistemas de certificados digitales, pero pasará más de un año para concretarlo.

Esta responsabilidad la tenía la Dirección General de Profesiones (DGP) de la SEP, pero se tardaba mucho en hacer la verificación y decidió, un poco arbitrariamente, trasladarlo a las universidades.

Al respecto, Israel Barrios Hernández, titular de la DGP, aseguró que dicha tarea ya la tenían las instituciones de educación superior y sólo estamos recordando que es su responsabilidad, porque para ingresar a una universidad se deben cumplir diversos requisitos, entre ellos entregar un certificado de bachillerato.

Explicó que la decisión de tener un sistema electrónico para la expedición de la cédula fue para responder no sólo a la necesidad de agilizar un trámite que implicaba una espera de seis meses a un año para el egresado, también para combatir la corrupción a través de terceros ajenos al proceso que ofrecían su intermediación para agilizar el proceso, el cual era totalmente manual desde la recepción de la solicitud, procesamiento del expediente, dictaminación, revisión y cotejo de documentos, impresión y entrega de la cédula, lo que generó un rezago en la tramitación de 200 mil.

El funcionario indicó que en promedio cada año se emiten medio millón de cédulas profesionales, lo que obligó a buscar mecanismos para agilizar el proceso. Con la nueva plataforma aseguró que se cuentan con mecanismos de seguridad digital que garantizan la encriptación de la información emitida por las universidades, como los títulos electrónicos, que a partir del primero de octubre serán los únicos con validez oficial para poder tramitarla, proceso que se realizará totalmente en línea.

José Aguirre Vázquez, director general de Planeación y Desarrollo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), celebró la determinación de la SEP, pero reconoció que podría darse el caso de otorgar una CPE con documentos apócrifos.

Las universidades, dijo, deberán ser en lo sucesivo mucho más cuidadosas y verificar la documentación. Un ejemplo sería que una pequeña institución privada en un municipio alejado no pueda verificar durante la inscripción del alumno su documentación, pero puede aplicar una inscripción condicionada hasta la verificación de sus certificados.

Los representantes de ambas asociaciones coincidieron, en entrevistas por separado, que los beneficios de la CPE son mucho más numerosos que los riesgos, por lo que vale la pena apostar a la innovación de los sistemas de control escolar. Este es el precio de la digitalización y los tenemos que pagar.