La propuesta presentada por la próxima titular de la Secretaría de Gobernación (SG), la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, para reformar la ley y reducir las condenas a quienes aporten información confiable y certera para ubicar a desaparecidos abre una importante oportunidad para alcanzar el derecho a la verdad, hallar a las personas ausentes y sancionar a los responsables.

Así lo señalaron organizaciones sociales y colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes agregaron que hace varios años, desde la sociedad civil, se ha impulsado un ajuste en este sentido; sin embargo, el Congreso se negó a incluirlo en las leyes contra la tortura y en materia de desaparición, aprobadas el año pasado.

En una entrevista publicada por este diario el martes de la semana pasada, Sánchez Cordero planteó varios de los lineamientos de política interna en el país, en la cual adelantó que ya tiene listos dos proyectos: uno para impulsar una ley de amnistía para campesinos y personas que por necesidad o de manera forzosa fueron reclutados por el crimen organizado y enfrentan condenas; además de una reforma de ley para reducir las condenas a quienes aporten información relevante para dar con los desaparecidos y los responsables de esos crímenes.

Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, consideró que estos beneficios para rebajar las penas a quienes hallan participado en delitos donde se vulneran las garantías fundamentales, son fundamentales para llegar a la verdad y acceder a la justicia. Sin embargo, acotó, se deben sentar las bases para que sólo se premie a quienes aporten información confiable y veraz.

Quienes tienen la verdad son quienes han cometido delitos. Por desgracia la Procuraduría General de la República hasta ahora ha demostrado ser incapaz de hacerse de esa información e ineficaz para investigar, por lo que una reforma en este sentido resultaría importante.

El defensor de derechos humanos aseveró que la propuesta de la ministra en retiro debería ampliarse no sólo para las indagatorias por desapariciones, sino también para otro tipo de violaciones a garantías fundamentales como tortura y malos tratos, ejecuciones, violencia sexual, entre tantos más.

Grace Fernández, del colectivo Por Nuestros Desaparecidos en México, subrayó que el gobierno del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe tener claro que la participación de las familias de víctimas de violaciones a derechos humanos es fundamental para cualquier política pública, reforma o ley que se presente al respecto.