un cuando no se trata de un plan formalmente consumado, el proyecto de pacificación que el equipo de Andrés Manuel López Obrador esbozó públicamente el pasado viernes contiene algunos elementos que vale la pena considerar, habida cuenta de las acerbas críticas que –sin siquiera conocerlo– le han formulado en meses recientes los más enconados adversarios del tabasqueño.

La versión, generalmente malintencionada, según la cual de llegar al poder el candidato de Morena sencillamente pondría en la calle a narcos y secuestradores, fue difundida profusamente e inquietó a muchos ciudadanos preocupados por la actividad del crimen organizado y los episodios de violencia que laceran el tejido social del país. Los imprecisos términos con que se barajó la posibilidad de una amnistía, dieron lugar a la idea de que ésta consistiría en liberar sin más trámite a toda clase de delincuentes, incluidos aquellos condenados por plagiarios, traficantes o sicarios, perspectiva que de manera comprensible no era bien vista por nadie.

La aclaración explícita de que una eventual ley de amnistía de ningún modo implicaría el perdón para secuestradores, narcotraficantes, torturadores y en general autores de delitos de lesa humanidad, refuta esas interpretaciones disparatadas y plantea la elaboración de una ley en la materia que sea producto de una amplia consulta social. Particularmente alentador resulta el propósito de explorar en profundidad las ideas y propuestas orientadas a recuperar la serenidad y la paz, incluida la amnistía y el eventual indulto o recursos de leyes especiales y de justicia transicional, para ponerlo en palabras de Alfonso Durazo, el hombre que durante la próxima administración de gobierno estará al frente de la Secretaría de Seguridad Pública.

El plan pacificador delineado por las y los futuros funcionarios lopezobradoristas no minimiza la gravedad que reviste la falta de seguridad en el país, ni se plantea cambiar de un día para otro las medidas vigentes sobre este tema, aun cuando no sean efectivas. Los efectivos militares asignados para combatir el narco, por ejemplo, volverán a cumplir con su cometido institucional, pero lo harán de manera progresiva; y las corporaciones policiacas tomarán el relevo en el control del crimen organizado, pero deberán recibir de una buena vez la capacitación de la que se viene hablando durante años sin que nunca parezca hacerse efectiva.

Todo esto –dicen los propulsores del proyecto de pacificación– en un escenario que prevé la construcción de una cultura de la paz cuyo eje sea la prevención, y que abandone la peregrina teoría de que la violencia sólo se puede combatir con más violencia, porque la política del ojo por ojo sólo concluye cuando todos se quedan ciegos.

Articular todo este cúmulo de intenciones no será, sin duda, tarea fácil, porque implica vencer inercias y hábitos sociales peligrosamente arraigados, afectar intereses de quienes tienen en sus manos los hilos que mueven al crimen, y ofrecer estímulos capaces de sustituir los beneficios que el delito deja a sus ejecutantes. Pero más vale que, una vez elaborado y examinado el plan, se le brinde el apoyo que requiera, porque esta puede ser una de las últimas oportunidades que nos queden para encarrilar a la República por la senda de la tranquilidad y la concordia en un ámbito de seguridad para todos.