La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anule todo el contenido de las resoluciones dictadas por distintos tribunales con sede en Tamaulipas relacionados con el caso Iguala, primordialmente la que ordena reponer el proceso contra cuatro inculpados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la creación de una comisión de la verdad y la justicia para este asunto.

La SCJN inició los expedientes de queja 81, 82, 83 y 84/2018, cada uno contra resoluciones dictadas para el caso Iguala por juzgados y tribunales con sede en Tamaulipas, aunque no se ha señalado a qué ministro corresponderá analizar cada uno y en todo caso llevar una propuesta de resolución al pleno de la Corte.

El máximo tribunal del país dio a conocer en su sistema de notificaciones la recepción de las quejas en contra del proveído de 19 de junio de 2018 dictado en el juicio de amparo indirecto 177/2015 del índice del tercer tribunal unitario del decimonoveno circuito (auto que requiere el cumplimiento de la ejecutoria) de delincuencia organizada (secuestro).

Funcionarios federales señalaron que los recursos de queja promovidos por el Ministerio Público Federal y la consejería jurídica de la Presidencia de la República se radicaron para que el pleno de la Corte conozca los argumentos de la PGR contra las resoluciones dictadas por el tercer tribunal unitario, el primero y segundo tribunales colegiados del 19 circuito y el juzgado primero de distrito en materia de procesos penales federales, todos ellos con sede en Tamaulipas, que se relacionan con los juicios de amparo promovidos por diversos inculpados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala.

Los expedientes de amparo por los cuales se promovieron las peticiones de que se anulen las sentencias tienen los números 102/2015, 121/2015, 160/2015, 191/2015, 204/2017, 205/2017 y 206/2017, así como la toca 323/2015, todos ellos vinculados con la causa penal 123/2014, que tiene como inculpados a Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Gildardo López Astudillo, El Gil. Sólo uno de ellos recuperó su libertad por no existir más acusaciones en su contra.

Los tribunales han determinado otorgar la protección de la justicia federal a los inculpados y determinaron reponer el procedimiento al definir que la investigación de la PGR no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial y por ello también se ordenó la creación de la comisión de la verdad para el caso.

La PGR busca en concreto que ante la imposibilidad de que se modifiquen –mediante una apelación– las sentencias dictadas, el pleno de la Corte las declare nulas con el argumento de que no son material ni jurídicamente viables, principalmente la que ordena la creación de la comisión de la verdad, señalaron las autoridades entrevistadas.