l ambiente general de civilidad y paz que se vivió en las elecciones del domingo anterior en la mayor parte del territorio nacional, y la fluidez con la que las autoridades en funciones y las fórmulas perdedoras aceptaron los resultados tiene en Puebla una preocupante excepción.
La jornada comicial se caracterizó en esa entidad por los robos y la quema de urnas, balaceras en varios centros de votación, compra de votos descubierta y evidenciadas y una violencia que dejó cinco muertos el día de la elección.
A diferencia de lo ocurrido en otras entidades, el Instituto Estatal Electoral ha asumido desde entonces una actitud omisa, por decir lo menos, y con un telón de fondo de irregularidades de toda clase documentadas, presentó un Programa de Resultados Electorales Preliminares que contradice frontalmente las encuestas previas a la votación: paradójicamente los resultados oficiales otorgan cuatro puntos de ventaja a la candidata oficialista a la gubernatura, Érika Alonso Hidalgo, esposa del ex gobernador Rafael Moreno Valle, sobre su más cercano competidor, Miguel Barbosa Huerta, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, que reclama el triunfo con la totalidad de las actas.
Llama la atención, por otra parte, la cifra anormalmente alta de sufragios anulados (más de cien mil), que supera el margen de ventaja reclamado por la aspirante de la coalición Por Puebla al Frente sobre su rival más cercano (unos 80 mil sufragios).
Por añadidura, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reveló ayer que el programa informático utilizado para computar el resultado oficial pudo haber sido cambiado antes de la elección a fin de evadir la validación por instituciones nacionales como la propia UAM.
En estas circunstancias, y con el telón de fondo de movilizaciones de protesta de la oposición, ayer fueron descubiertos en un hotel de la capital poblana cajas y sobres de papelería electoral utilizada durante los comicios –particularmente, actas de casilla– que habrían debido estar bajo resguardo del IEE, lo que generó confrontación, arrestos y, a la postre, la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, instancia que asumió el esclarecimiento de los hechos.
Barbosa Huerta, apoyado por el ex titular de la Fepade Santiago Nieto Castillo, ha anunciado que recurrirá a las vías institucionales y jurisdiccionales para exigir el recuento total de los sufragios uno a uno, y ambos han mencionado la posible demanda de nulidad de los comicios. Sin embargo, existe en la entidad una inocultable y preocupante crispación de los ánimos.
En Puebla es necesario y urgente limpiar los comicios y resolver conforme a derecho las impugnaciones a la elección para el Ejecutivo estatal. Tocará a las autoridades correspondientes dictaminar si el cúmulo de irregularidades ahí registradas configura un fraude electoral, pero si algo evidenció la jornada cívica del pasado domingo es que para la ciudadanía poblana, y para la mexicana en general, el desaseo electoral se ha vuelto del todo inadmisible.
