l gobierno peñanietista prácticamente llega a su fin y, entre tantas otras cosas, hereda una empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), destartalada, comatosa, que en nada asemeja el paradisiaco futuro que le deparaba el discurso oficial tras la aprobación de la reforma energética.

A escasos cinco meses del cambio de régimen, sin olvidar el permanente desmantelamiento de Pemex a lo largo de los cinco gobiernos previos (los neoliberales, pues), lo que queda de la petrolera mexicana motivó a la calificadora Fitch Rating a subrayar las muy fuertes consecuencias sociales, políticas y económicas que un deterioro financiero (y productivo) de la compañía tendría para el país (La Jornada, Roberto González Amador).

Tal deterioro, advierte la calificadora, incluye el potencial de interrumpir el suministro de combustibles líquidos en todo el país, algo de por sí delicado, aunque, desde luego, las implicaciones son mucho mayores.

Sin embargo, la advertencia de Fitch Rating parece tardía, porque a estas alturas de Pemex queda muy poco, a grado tal que la empresa productiva presenta un estado de quiebra técnica, pues sus pasivos superan, por mucho, sus activos. Y con todo ello tendrá que cargar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (la calificadora lo denomina enfrentar los desafíos, algo que suena muy bonito para resumir la triste realidad de la ex paraestatal).

Entre los lastres para un resurgimiento de Pemex, la calificadora subraya el pesadísimo fardo tributario que el gobierno federal le impone, mismo que la reforma energética se comprometió aligerar, aunque en los hechos lo incrementó.

Por sólida que sea financieramente, ninguna empresa privada –comenzando por las petroleras nacionales y foráneas, que ya gozan del festín del oro negro mexicano– aguantaría un peso fiscal como el que el gobierno federal carga a Pemex (se queda hasta con el último centavo de rendimiento, y todavía le recorta el presupuesto).

Lo anterior ha generado un círculo vicioso, pues para poder respirar y atender los rigurosos requerimientos del gobierno federal Pemex ha contratado deuda externa en una proporción verdaderamente peligrosa. En lo que va del sexenio peñanietista, el débito foráneo de la empresa se ha incrementado 65 por ciento, al pasar de 64 mil millones de dólares al inicio de 2013 a 106 mil millones al cierre de marzo pasado.

En su reporte financiero más reciente (enero-marzo de 2018), Pemex reconoce que en el primer trimestre del año pagó deuda por alrededor de 215 mil millones de pesos y poco más de 38 mil millones únicamente por intereses de ésta. Al mismo tiempo pagó impuestos por un total de 109 mil millones, mientras las inversiones productivas cayeron en 6 mil millones.

Lo mejor del caso es que el propio Enrique Peña Nieto (marzo de 2018) advirtió que cancelar la reforma energética obligaría a los mexicanos a pagar los préstamos públicos que se adquirieran, eventualmente con éxito o no, para realizar la exploración y explotación de los hidrocarburos. Y de cereza dijo que propuso la reforma energética para evitar que los mexicanos se endeudaran.

Pues bien, por si no lo sabe el todavía inquilino de Los Pinos, la voluminosa deuda de Pemex y de todo el aparato gubernamental (federal, estatal y municipal) la pagan los mexicanos no a partir de una reforma energética fallida para ellos, sino desde siempre y de forma creciente sin recibir prácticamente nada a cambio.

Y, como lo comentamos días atrás, a estas alturas la deuda y los fierros viejos están en Pemex y la riqueza petrolera en las empresas privadas. Lo bueno es que se prometió un Pemex más fuerte con la reforma energética.

Las rebanadas del pastel

Pronosticaron un apocalíptico desplome del peso si ganaba ya sabes quién, pero resulta que la moneda nacional muestra síntomas de mejoría. Ayer, el dólar se vendió hasta en 20.02 bilimbiques.

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