Morena en la Asamblea Legislativa cuestionó el análisis jurídico que realizó la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) sobre la participación de los diputados Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo, para determinar y supervisar la aplicación de los recursos para la reconstrucción, como se había previsto en el decreto de Presupuesto de Egresos, y esperará a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la acción de inconstitucionalidad que promovió el partido.

El coordinador de la bancada, César Cravioto Romero, aclaró que la ASCM no hizo una auditoría para esclarecer si hubo o no desvíos de los recursos destinados a la reconstrucción, como el PRD y el PAN pretendieron hacer creer días antes de la elección.

Lo que el órgano auxiliar de fiscalización de la misma ALDF hizo, explicó, fue un análisis del párrafo último del artículo 14 del decreto de Presupuesto de Egresos, antes de ser reformado, para emitir una opinión técnico-jurídica sobre la legitimidad de las facultades que se habían otorgado dichos legisladores en calidad de presidente y secretario de la Comisión de Gobierno y de presidente de la Comisión de Presupuesto, respectivamente.

Cravioto sostuvo que si bien la ASCM concluye que dichas atribuciones fueron establecidas en ejercicio de las facultades expresas que tiene la ALDF y no invadió competencias que corresponden al Ejecutivo de la ciudad, parece ser más un oficio a contentillo redactado en las mismas oficinas de la Comisión de Gobierno.

Cravioto se dijo también sorprendido por la celeridad con la que respondió la ASCM, al haber recibido la petición el 18 de junio y entregado su respuesta el día 22, en la que advirtió que prácticamente convalida que tres diputados de la ALDF realicen las funciones que corresponde ejercer al mismo ente fiscalizador fuera de los plazos y procedimientos previstos por la misma Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.

En la acción de inconstitucionalidad que los diputados de Morena presentaron ante la Corte, advirtieron que la disposición prevista en el artículo 14 por la que los tres legisladores se otorgaron la facultad de proponer, vigilar y supervisar el ejercicio de 7 mil 754 millones de pesos destinados a la reconstrucción –y que posteriormente fue suprimido mediante una reforma por la controversia que generó– no estuvo debidamente fundada y motivada bajo ninguna de las normas legales que rigen a la ALDF, además de que invadieron atribuciones y facultades que son propias del Ejecutivo local y de la misma ASCM.