a reforma fiscal instrumentada por el gobierno que está por terminar consiguió el objetivo de elevar la recaudación impositiva. No consiguió, sin embargo, elevar, como ofreció, la productividad global y el ritmo del crecimiento económico.

En el sentido estrictamente recaudatorio el gobierno fue eficaz y, puede decirse, eficiente, ya que mejoró los sistemas y métodos para cobrar los impuestos.

Esto equivale a decir que cuando menos una parte de los contribuyentes está ahora más cautivo. La inequidad en la definición y la aplicación de los impuestos existe, con los vericuetos legales y el entramado de las relaciones de poder. Es un asunto relevante y controvertido. Hay que agregar que no se redujo la informalidad económica y laboral.

Los ciudadanos pagamos más impuestos y las empresas también, ese es el hecho definitivo. Pero los gravámenes no se cobran para agrandar la caja del gobierno; mucho menos para aprovecharse de esos recursos en beneficio político o personal de quienes tienen acceso a ellos.

El uso que se da a los impuestos es la clave; es más, de eso depende en buena parte la legitimidad de un gobierno. Toda desviación es una irresponsabilidad y en muchos casos un delito punible, grave.

Ahí, entra la cuestión del gasto público. Si bien es que se recauda más, no mejoró la calidad del gasto. Este no es sólo un asunto de una mala gestión, lo cual sería en sí mismo un problema enorme. Es, esencialmente, una cuestión política que implica: para qué, cuánto, cómo, cuándo y para quién.

Tiene que ver con las asignaciones directas a proyectos y programas de índole muy variada. Tiene que ver con el gasto en inversión, que es fundamental y ahí las deficiencias son grandes. Tiene que ver con la fijación de los precios de los bienes y servicios que provee el gobierno, y tiene relación con los subsidios y una diversidad de apoyos directos o indirectos, medibles o no y cuyos criterios en muchos casos son discrecionales.

En la complejidad social del gasto se advierten las preferencias de un gobierno, sea nacional, estatal o municipal. En la medida en la que no existen métodos claros y operativos para que los ciudadanos conozcan, juzguen y exijan la eficacia y la eficiencia del gasto en función de sus necesidades, se merma, hasta la fractura, la relación entre el gobierno y los ciudadanos.

Una expresión cada vez más significativa de este asunto es la inseguridad pública. La responsabilidad primordial del Estado y de cualquier gobierno es proveer la seguridad de las personas y preservar su vida. Dicho requisito no sólo se incumple, sino que representa la crisis terminal de una forma de gobierno.

Esta es una debilidad categórica del sistema democrático vigente que se agrava con la corrupción, tema excesivo en el caso de México. Un nuevo gobierno requiere de recursos, pero necesita aún más de criterios muy claros para usarlos, pues no son, ciertamente, ilimitados.

En una sociedad con enormes de-sigualdades del ingreso y del acceso a los productos y los servicios, las contradicciones en torno a la fiscalidad en sus dos vertientes: los ingresos y los gastos públicos tienden a exacerbarse.

En el caso de la deuda pública, el gobierno aun en curso la duplicó hasta alcanzar la mitad del valor del producto que se genera. Ahora esa deuda cuesta más: la interna por el aumento de las tasas de interés; la externa por la devaluación del peso.

Los cambios en la gestión de los recursos públicos tienen que cumplir con muy distintos objetivos, pero uno –ineludible– ha de ser crear las condiciones sostenibles para la reproducción ampliada de la producción y del bienestar social.