yer, primero de julio, millones de mexicanos salieron a votar, y si no hubo un fraude de Estado monumental, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será el próximo presidente de la República. De no ocurrir nada extraordinario en el periodo de transición, el primero de diciembre próximo AMLO deberá asumir el gobierno. Pero en ese lapso, y aún más allá del mediano plazo, el poder seguirá estando en manos de la clase capitalista ­trasnacional.

Es previsible, también, que a partir de este 2 de julio, el bloque de poder (la plutonomía, Citigroup dixit), incluidos sus medios hegemónicos (Televisa y Tv Azteca, de Azcárraga y Salinas Pliego, ambos megamillonarios de la lista Forbes), y sus operadores en las estructuras gubernamentales (el Congreso, el aparato judicial, etcétera), escalarán la insurgencia plutocrática buscando ampliar sus privilegios y garantizar sus intereses de clase, y para seguir potenciando la correlación de fuerzas en su favor.

Más allá del ruido de las campañas, el proceso electoral transcurrió bajo el signo de la militarización y la paramilitarización de vastos espacios de la geografía nacional, y de una guerra social de exterminio (necropolítica) que elevó los grados de violencia homicida a límites nunca vistos en el México moderno, similares a los de un país en guerra (naturalizándose en vísperas de los comicios el asesinato de candidatos a cargos de elección ­popular).

Como recordó Gilberto López y Rivas en La Jornada, ese conflicto armado no reconocido es la dimensión represiva de lo que William I. Robinson denomina acumulación militarizada, cuya finalidad es la ocupación y recolonización integral de vastos territorios rurales y urbanos para el saqueo y despojo de los recursos geoestratégicos, mediante una violencia exponencial y de espectro completo que es característica de la actual configuración del capitalismo; el conflicto y la represión como medio de acumulación de la ­plutonomía.

Para ello la clase dominante hizo aprobar la Ley de Seguridad Interior. Y está latente, para su ratificación en el Senado, la iniciativa de Diputados de quitar el fuero al presidente de la República; la denominada estrategia de lawfare aplicada a Dilma Rousseff y Lula da Silva en Brasil, que implica el uso de la ley como arma para perseguir y destruir a un adversario político por la vía parlamentaria y/o judicial; una variable de los golpes suaves de manufactura estadunidense que podría revertirse contra AMLO.

Al respecto, y más allá de su giro hacia el centro y el rediseño de su programa de transición reformista −capitalista, democrático y nacional, con grandes concesiones al bloque de poder dominante−, la llegada de López Obrador al gobierno pudiera implicar, en principio, una ralentización o respiro (Galeano dixit) a la tendencia del mentado fin de ciclo progresista y restauración de la derecha neoliberal en América Latina.

El impulso de una nueva forma de Estado social, sin ruptura frontal con el Consenso de Washington, significará, no obstante, un cambio en la correlación de fuerzas regionales y tendrá tremendo impacto en los pueblos latinoamericanos. Por ello no es para nada inocente –o simplemente centrada en la profundización de las políticas de cambio de régimen en Venezuela y Nicaragua− la reciente gira neomonroísta del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por Brasil, Ecuador y Guatemala.

Cabe recordar el inusualmente crítico editorial del Washington Post del 18 de junio, que asumió como suficientemente creíbles los nexos de colaboradores cercanos de López Obrador con los gobiernos de Cuba y Venezuela, y las declaraciones del senador republicano John McCain, tildando a AMLO como un posible presidente izquierdista antiestadunidense y las del actual jefe de gabinete de la administración Trump, general (retirado) John Kelly, quien afirmó que López Obrador no sería bueno para Estados Unidos ni para México.

Según asesores de política exterior de AMLO, ante Washington, su gobierno antepondrá la defensa a ultranza de la soberanía nacional; revisará el marco de la cooperación policial, militar y de seguridad (DEA, CIA, ICI, Pentágono, etcétera), y bajo la premisa de que la migración no es un crimen, incrementará la protección de los connacionales irregulares, como si fuera una procuraduría ante los tribunales de Estados Unidos. También revisará los contratos petroleros y de obra pública. Lo que sin duda traerá fuertes confrontaciones con la Casa Blanca y la plutocracia internacional.

Como dice Ilán Semo, en México la Presidencia de la República encierra potencialidades simbólicas insospechadas; una suerte de carisma institucional. No importa quién la ocupe, incluso a un inepto (pensemos en Vicente Fox), el cargo le trasmite un aura: es el Presidente. Tras la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, AMLO quiere trascender a la historia como el hombre de la cuarta transformación. Pero para ello se necesita un cambio de régimen e impulsar grandes saltos en la conciencia política de los sectores populares; sin un pueblo organizado y movilizado tras un proyecto de cambio radical y profundo, no hay carisma que alcance.