En la cuenta pública 2017, los estados han quedado a deber la comprobación de 3 mil 912 millones de pesos de recursos federales de los programas Prospera, Fortalece y Seguro Popular. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a la Cámara de Diputados que las entidades con mayor número de acciones promovidas en materia sancionatoria son Michoacán, estado de México, Baja California y Tamaulipas.

En las auditorías practicadas en la primera etapa del proceso de fiscalización 2017 al gasto federalizado programable, se determinaron mil 714 con observaciones, y de ellas quedaron pendientes 992, que ahora son objeto de recomendaciones, solicitudes de aclaración, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y pliegos de observaciones.

Por entidad federativa, la que tuvo el mayor número de acciones y auditorías fue Michoacán con 76, seguida del estado de México con 65; Baja California, 60, y Tamaulipas, 57. En el caso de pliegos de observaciones, las que más tuvieron fueron Tamaulipas, 30; Colima y Michoacán, 19 cada una, y Sinaloa, 18.

La mayoría de los estados presentan deficiencias administrativas en cinco grandes rubros. En el primero se auditó el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por 3 mil 391 millones de pesos.

Del manejo de esos recursos federales se desprende que los go-biernos estatales utilizan en los procesos a personal no certificado electrónicamente, les falta documentación justificativa o comprobatoria, realizan transferencias de fondos públicos a otras cuentas bancarias y ejercen dineros sin cumplir con los objetivos específicos de los programas.

En el caso de Prospera, la autoridad revisora encontró una mar de opacidad generada en gran número de gobiernos estatales:

Recursos o rendidmientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintergados a la tesorería; bienes adquiridos no localizados o que no operan, o servicios no realizados; falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto; transferencia de recursos a otras cuerntas bancarias.

No obstante estos resultados, la ASF aclara que a la fecha de este reporte, las observaciones se encuentran en diversas fases de un proceso de solventación, desde la aportación de documentación soporte para comprobar el gasto, hasta aquellas que han dado lugar a la presentación de denuncias de hechos.