l pasado 5, en el ex convento del Desierto de los Leones, el ocupante del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, firmó 10 decretos de reserva de agua para las regiones de los ríos Santiago, Ameca, Pánuco, Papaloapan, Actopan y Antigua, y Grijalva-Usumacinta, así como para la costa de Jalisco y las costas Grande y Chica de Guerrero (nota de Rosa Elvira Vargas, en La Jornada).

La atención pública estaba concentrada en esa fecha en la resolución judicial federal que echó abajo la verdad histórica y en las consecuencias jurídicas y políticas de la creación de una comisión de la verdad respecto del caso de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala. También era destacada la información referida al diferendo entre grandes empresarios y Andrés Manuel López Obrador, ya limadas las asperezas en ese día, según declaraba el tabasqueño. Peña Nieto, por su parte, concentró su discurso en la defensa de los marinos atacados en Ciudad Guzmán, Jalisco, por manifestantes que demandaban la aparición con vida de una persona.

Lo anunciado en esa ocasión por Peña Nieto respecto de los decretos de reserva de agua es una puñalada al interés público, pues bajo el disfraz de buenas intenciones entraña la cesión de la disponibilidad de agua a entidades privadas, con grandes empresas mineras, energéticas, inmobiliarias, agropecuarias y de otra índole, ávidas de recibir los beneficios de las aguas nacionales.

El periodista Rubén Martín ha escrito que, con ese anuncio, Peña Nieto modificó un estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país. En ese 40 por ciento de las cuencas escurre 55 por ciento de las aguas superficiales del país.

Son escenas recurrentes en muchas partes de la República, donde unas y otras bandas criminales aplican fórmulas eficaces para amedrentar a los adversarios específicos y a la sociedad en general. Pero ahora, en espiral creciente, esos métodos de salvajismo ejemplarizante han llegado a la capital del país con frecuencia e insistencia que reflejan, en primera instancia, la profunda descomposición del aparato de gobierno que encabezó el ahora fugitivo electoral Miguel Ángel Mancera, huido de su responsabilidad capitalina en pos de una senaduría de dedazo, tramposamente aposentada en una circunscripción que incluye a Chiapas.

Pero, además de esa primera lectura sobre el arribo de la violencia al estilo narco a la Ciudad de México, que en los peores momentos nacionales de ese tipo de explosión criminal se mantuvo inalcanzada, ha de anotarse como una perspectiva a confirmar el hecho de que el desbordamiento de la criminalidad organizada podría tener referentes o consecuencias políticas y electorales, vinculados como están ciertos grupos con determinadas autoridades y partidos.

No es poca cosa el atrevimiento de desperdigar restos humanos (presumiblemente de dos personas) en una vialidad tan importante de la capital del país (la avenida Insurgentes, en su tramo norteño, haciendo esquina con la Ricardo Flores Magón, en los límites de la colonia Santa María la Ribera y el conjunto habitacional Nonoalco Tlatelolco). Enmarcado en el pleito entre facciones criminales con sede en Tepito por el control de las zonas de distribución de drogas, el tirar cuerpos desmembrados fue acompañado de la instalación de una narcomanta amenazante.

El episodio narrado tiene como referencia una inusitada elevación de los índices criminales en el país. Una administración federal rapaz y las estatales que también serán renovadas han soltado ya cualquier asomo de responsabilidad republicana y sus cuadros altos y medios se han volcado en la más cruda acumulación de riqueza, con la tropa burocrática en similar ejercicio de voracidad. Por otra parte, la imposición de la violencia descarnada ayuda a inhibir el ejercicio del voto, a condicionarlo y, eventualmente, a descarrilarlo.

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