a situación de miles de menores de edad hijos de inmigrantes indocumentados que han sido separados de sus padres por las políticas persecutorias del gobierno estadunidense ha llegado a un grado de escándalo que apela a la conciencia mundial. Ciertamente, el acoso policial en contra de los trabajadores y refugiados extranjeros no fue iniciado por el actual presidente del país vecino, Donald Trump, pero éste lo ha acentuado y llevado a un nivel de inhumanidad sin precedente, como lo exhibe el caso de los centenares de niños que permanecen literalmente enjaulados en un almacén de Texas, a la espera de que las autoridades decidan su destino. Tan sólo en el curso de un mes, la Patrulla Fronteriza separó a 2 mil 342 menores de sus familiares en la zona fronteriza con México, lo que equivale a 70 niños por día, de acuerdo con un informe enviado al Senado por el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), en lo que, a decir de la senadora Jeanne Shaheen, es una pesadilla repugnante.

Lo impresentable de esta práctica cruel y xenofóbica puede ilustrarse con el hecho de que Laura Bush, esposa del ex presidente George W. Bush, escribió en un artículo publicado por The Washington Post que nuestro gobierno no debería estar en el negocio de depositar niños en almacenes reconvertidos o colocarlos en tiendas de campaña provisionales en el desierto a las afueras de El Paso, como planean hacerlo las autoridades. Las imágenes de los menores enjaulados, escribió la ex primera dama, son una evocación siniestra de los campamentos de internamiento estadunidenses para japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que actualmente está considerado uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Estados Unidos.

La gravedad del atropello, ideado por el asesor de Trump, Stephen Miller, como una forma de desalentar la migración hacia Estados Unidos, promovida por el jefe de gabinete, John Kelly, y aplicada por la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, es tanto mayor si se considera que no existe ley ni reglamento alguno que la ordene; es decir, se trata de una medida discrecional y arbitraria.

De manera inesperada, la atrocidad ha resquebrajado la unidad de los políticos republicanos en torno a Trump y ha colocado a éste ante un nuevo factor de deterioro de su imagen pública.

En el extranjero las críticas no se han hecho esperar. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, exigió ayer que la Casa Blanca cese de inmediato las separaciones de niños, denunció esa política como sin escrúpulos y citó a la Asociación Estadunidense de Pediatría describiendo las medidas como abuso de niños sancionado por el gobierno, que podrían llevar a daños irreparables. De su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que los niños tienen derecho a no ser separados de sus padres e instó al gobierno estadunidense a no privarles la libertad en ninguna circunstancia.

Es impostergable que gobiernos y sociedades del mundo –particularmente, los de México y Centroamérica, de donde procede la mayor parte de familias separadas– unan su voz a ese coro de repudio ante lo que constituye una práctica migratoria inhumana y criminal.