Mazatlán, Sin.

A más de un año de la declaratoria de alerta de violencia de género para los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Navolato y Mazatlán, la Comisión de Víctimas no se ha puesto en marcha, situación que deja desprotegidas a las denunciantes ante sus agresores, afirmó María Teresa Guerra Ochoa, representante legal del Colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa (CMAS).

Expuso que tras la declaración en marzo de 2017 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, ni la Fiscalía General del estado ni el Congreso local ni el gobernador Quirino Ordaz Coppel han puesto en marcha los programas de seguridad que la alerta conlleva.

La falta de prevención de justicia y recuperación, añadió, deja indefensas a las mujeres que denuncian penalmente alguna agresión, pues las pone en riesgo ante el agresor y sufren represalias.

Cifras oficiales refieren que en los 13 años recientes, en Sinaloa se han registrado 912 asesinatos de mujeres. De 2005 a 2010, en el gobierno de Jesús Aguilar Padilla se perpetraron 356 homicidios; de 2011 a 2016, con Mario López Valdez, 472, y en lo que va de Ordaz Coppel, 84. Guerra Ochoa señaló también que el nuevo sistema de justicia penal pondera los derechos de los acusados, por lo que las agredidas no denuncian ante las autoridades, las cuales promueven la conciliación entre ambas partes y ellas regresan a un entorno de riesgo.

La impunidad crece

Acusó que con este marco de justicia penal la impunidad crece, aumentan los delitos de violencia de género, la sexual y las agresiones en el hogar, este último no considerado como delito grave. Señaló además que, en 14 municipios, las mujeres que sufren de algún tipo de violencia deben acudir a los municipios de Mazatlán, Cualiacán, El Fuerte o Choix donde fueron instaladas las vicefiscalías.

La activista criticó que pese a los espacios ganados por ellas en la política o la administración estatal muy poco se han logrado reducir los índices de violencia de género, pues no trabajan (como autoridades) en favor de las políticas públicas que protegen a las mujeres en condiciones vulnerables.